El Gobierno nacional extendió el contrato suscrito con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, encargada de brindar asesoría al presidente Gustavo Petro en asuntos relacionados con las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La empresa tiene como representantes a Maryna Pogibko y Daniel Martin Kavalik, y continuará prestando servicios de asesoría jurídica especializada, análisis técnico y formulación de estrategias, sin asumir representación judicial, administrativa o diplomática del Estado colombiano ante instancias extranjeras.
Según la información conocida, la prórroga mantiene las mismas condiciones económicas pactadas desde el inicio del acuerdo. El contrato contempla una inversión total de 10 mil millones de pesos, distribuidos en cuatro pagos de 2.500 millones cada uno.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) estableció además una mesa técnica encargada de revisar la documentación presentada por la firma y autorizar los desembolsos correspondientes.
Este contrato ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y también por parte de la Procuraduría General de la Nación, entidad que actualmente adelanta una indagación preliminar para determinar si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria relacionada con el proceso contractual.
