La Contraloría General de la República informó que en enero de 2026 se registraron 521.269 contratos de contratación directa por un valor total de $32,88 billones, previo a…
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La Contraloría General de la República informó que en enero de 2026 se registraron 521.269 contratos de contratación directa por un valor total de $32,88 billones, previo a la restricción impuesta por la Ley de Garantías. Según el seguimiento de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) sobre los registros en SECOP, la mayor parte de los recursos se adjudicó en la última semana del mes, concentrando el 45% del valor contratado.
El informe señala además que el comportamiento de contratación en enero presenta un crecimiento respecto a 2022: hay un aumento tanto en el número de contratos como en los valores comprometidos, lo que despierta alertas por la mayor sensibilidad fiscal y el contexto electoral que rige las limitaciones de contratación. La Contraloría subraya que el pico de adjudicaciones se registró el 30 de enero, día en el que se contrataron $5,7 billones.
La entidad advierte sobre el impacto fiscal de este incremento y anuncia que continuará el monitoreo preventivo y permanente del comportamiento contractual, con el objetivo de emitir alertas tempranas, fortalecer la transparencia y proteger los recursos públicos en un escenario de alta atención ciudadana.
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Desglose por niveles de gobierno y modalidades contractuales
El análisis de la Contraloría muestra diferencias importantes entre el orden territorial y el orden nacional. El orden territorial concentró la mayoría en número de contratos — 348.495 contratos — mientras que el orden nacional registró 164.813 contratos. Las corporaciones autónomas participaron con 7.961 contratos. Este reparto evidencia que la contratación directa fue masiva tanto en entes locales como en entidades nacionales.
En términos de modalidad, la Prestación de Servicios (OPS) dominó el escenario: el consolidado estatal registró 501.423 contratos OPS por $22,34 billones, equivalentes al 96,2% del total de contratos y al 67,9% del valor contratado en enero. Las demás modalidades sumaron 19.846 contratos por $10,54 billones (32,1% del valor), lo que muestra que las OPS concentran la mayor parte del volumen adjudicado y del gasto asociado.
Incrementos frente a 2022 y comportamiento por modalidad OPS
Comparando con el enero previo a la Ley de Garantías de 2022, la contratación directa consolidada subió desde 495.527 contratos por $25,22 billones a los niveles de 2026, lo que implica un aumento del 5,2% en el número de contratos y del 30,4% en valores. En particular, la contratación OPS de orden nacional mostró un salto notable: pasó de 103.563 contratos a 160.616 (un incremento del 64,48%) y el valor asociado creció un 75,14%, al pasar de $5,45 billones a $9,55 billones en el mismo comparativo mensual.
Estos saltos porcentuales colocan el foco en la ampliación de la contratación por prestación de servicios en el actual gobierno durante el mes analizado, lo que la Contraloría interpreta como un fenómeno de concentración temporal y de riesgo fiscal que amerita seguimiento y control.
Entidades con mayor contratación y casos para seguimiento
Entre las entidades del orden nacional que más recursos adjudicaron bajo contratación directa figuran el SENA (aprox. $1,72 billones), el ICBF ($1,26 billones) y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ($0,76 billones) para el periodo analizado. En el orden territorial, sobresalen el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla ($1,33 billones), el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ($0,88 billones) y el Distrito de Santiago de Cali ($0,54 billones).
La presencia de estos grandes contratantes en el corte de enero sugiere la necesidad de que la fiscalización examine la naturaleza de los contratos —su propósito, duración y justificación técnica— especialmente cuando se trata de montos elevados y de modalidades que incrementan riesgo de contratación directa masiva.
Concentración temporal, riesgos fiscales y seguimiento de la Contraloría
La Contraloría advierte que la concentración de adjudicaciones en las últimas jornadas de enero —con la última semana y, en particular, el día 30 como pico— puede tener implicaciones para la ejecución presupuestal y la sostenibilidad fiscal. El organismo señala que el aumento en valores y en la modalidad OPS puede afectar la asignación de recursos previstos en el presupuesto nacional y en las entidades territoriales.
Por ello, la Contraloría reafirmó su compromiso de monitoreo “preventivo, analítico y permanente” del comportamiento contractual en el país, con el fin de emitir alertas tempranas, fortalecer la transparencia y proteger los recursos públicos. El seguimiento se realiza sobre la base de la información reportada en SECOP y del trabajo de la DIARI, y la entidad anuncia que continuará articulando análisis internos y recomendaciones para reducir riesgos en el marco del ciclo electoral.
