La Contraloría General de la República emitió un fallo de más de 800 páginas en el que determinó responsabilidades fiscales para siete empresas y dos personas vinculadas al polémico contrato de Centros Poblados, pero dejó fuera al contratista Emilio Tapia.
Este fallo, que evalúa la gestión fiscal en el proyecto de instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos y cuantifica un detrimento patrimonial de $87.027 millones, ha generado controversia en torno a la decisión de no imputar a Tapia.
En su determinación, la Contraloría calificó de “ineficaz, ineficiente e inoportuna” la ejecución del contrato, y sancionó fiscalmente a cuatro empresas del consorcio Unión Temporal Centros Poblados: la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros; Intec de la Costa; y Omega Building Constructora. De igual forma, la medida recayó sobre las firmas interventoras PMO Solycom, Eurocontrol y Telemediciones, así como sobre los representantes legales Luis Fernando Duque y Juan Carlos Cáceres.
El fallo revela que, según las investigaciones, Tapia manejaba indirectamente las empresas Omega Building e Intec de la Costa Ingenieros, con las que habría desviado $5.063 millones para su beneficio personal y $1.118 millones a terceros, mediante un anticipo del contrato. Asimismo, se comprobó que Luis Fernando Duque, en su calidad de representante legal del consorcio, autorizó el giro de $70.243 millones a las firmas Security LLC e Inselsa SAS.
Este desembolso habría facilitado la apropiación de más de $6.182 millones por parte de Tapia y $9.062 millones por Juan Carlos Ángel Cáceres, dinero que no se empleó para el propósito del contrato.
A pesar de los hallazgos, la Contraloría eximió a Tapia de responsabilidad fiscal al considerar los $1.450 millones que este ha reintegrado en tres pagos, con información verificada por la Fiscalía General de la Nación.
Por otra parte, esta semana se anunció que será un juez en Bogotá quien determine si Tapia podrá acceder a detención domiciliaria, tras una orden de la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente, Tapia se encuentra recluido en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, mientras enfrenta cargos por peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.
La magistrada Myriam Ávila Roldán de la Corte Suprema definió que los juzgados penales municipales de Bogotá con funciones de control de garantías serán los encargados de resolver la solicitud de cambio de medida de aseguramiento. “La competencia para conocer la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento y/o revocatoria de la medida intramural, formulada por Emilio José Tapia Aldana corresponde a los Juzgados Penales Municipales con funciones de control de garantías de Bogotá -reparto-, a donde será remitida la actuación”, concluyó la resolución.
