La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $53.117 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país, tras una amplia labor de vigilancia adelantada durante 2025.
De acuerdo con el ente de control, se realizaron 40 actuaciones de control fiscal y auditorías a 68 entidades territoriales certificadas, que concentran más del 90% de los recursos destinados al PAE a nivel nacional. Como resultado, se identificaron 41 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $24.254 millones, asociados principalmente a sobrecostos, pagos sin respaldo de ejecución, fallas contractuales e incumplimiento de los lineamientos del programa.
La situación más crítica se presenta en la región Centro Oriente, donde se detectaron nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso de mayor impacto corresponde a Soacha (Cundinamarca), con un presunto detrimento de $3.550 millones, producto del reconocimiento de costos superiores a los realmente ejecutados por el contratista. En Boyacá, durante la vigencia 2024, se evidenciaron inconsistencias en convenios de cofinanciación del PAE en 120 municipios, que habrían generado un posible detrimento por $2.010 millones.
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Adicionalmente, la Contraloría halló cinco hallazgos fiscales por $28.863 millones en proyectos del PAE financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en Nariño, Quindío, Meta y el municipio de Arauca, correspondientes a las vigencias 2021 a 2024. En estos casos se detectaron deficiencias en todas las etapas contractuales y en el cumplimiento de los estándares técnicos y nutricionales.
De cara al PAE 2026, el ente de control alertó que al menos 800.000 estudiantes podrían verse afectados en 12 entidades territoriales certificadas, debido a retrasos en el inicio del programa, que no coincide con el calendario escolar. La situación impacta a Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.
La Contraloría cuestionó la persistencia de irregularidades en el PAE, en un contexto en el que aún 1,2 millones de niños permanecen sin cobertura, y reiteró un llamado urgente al Gobierno nacional y a las entidades territoriales para garantizar una prestación oportuna del servicio, clave para la permanencia escolar y la calidad de vida de la población estudiantil.
