A tan solo una semana de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emita las sanciones contra los integrantes del antiguo secretariado de las Farc por los secuestros cometidos durante el conflicto, la Contraloría General de la República lanzó una seria alerta sobre la falta de recursos para garantizar la implementación de dichas decisiones.
Según un informe del ente de control, existe incertidumbre frente a los $500.000 millones necesarios para financiar la reparación a las víctimas, las sanciones propias y el cumplimiento de las sentencias derivadas de los macrocasos que avanza la justicia transicional. El documento señala que el Ministerio de Hacienda solo ha desembolsado $20.000 millones, mientras que no se ha asegurado el dinero restante dentro del Presupuesto General de la Nación.
Esta situación pone en riesgo la ejecución de las TOAR (trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador), uno de los pilares del sistema de justicia transicional, y abre dudas sobre la sostenibilidad de estos proyectos a mediano y largo plazo. La Contraloría advirtió que la ausencia de recursos podría generar una “implementación ineficaz de las medidas”, afectando directamente los procesos de restauración para las víctimas.
El informe también cuestiona el manejo de los bienes entregados por las extintas Farc tras la firma del Acuerdo de Paz. En auditorías realizadas a la SAE en 2022 y 2024, se evidenció una baja monetización de esos activos, lo cual ha impactado negativamente el fondo de recursos para la reparación.
Mientras tanto, avanza el macrocaso 01 de la JEP por secuestro, en el que son procesados Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, quienes ya fueron reconocidos como responsables de privar de la libertad a miles de personas, un hecho calificado como crimen de guerra por toma de rehenes.
Si bien no recibirán penas de cárcel por el marco de justicia transicional, los exjefes guerrilleros podrían enfrentar restricciones de derechos y libertades en determinados territorios, donde deberán cumplir con las sanciones de carácter restaurador en beneficio de las víctimas.
