A raíz de las amenazas contra firmantes del Acuerdo de Paz en el espacio territorial de Miravalle, Caquetá, así como del homicidio de varios de ellos en el Cauca durante las últimas semanas, la Procuraduría General de la Nación convocó a la Comisión Nacional del Ministerio Público en esos departamentos, con el fin de evaluar la respuesta dada por el Gobierno Nacional para proteger a esa población.
Sobre esos hechos registrados, que en el caso de Miravalle provienen de grupos armados ilegales que a hoy hacen parte de las mesas de diálogo con el Gobierno en el marco de la Paz Total, la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, ha sostenido «que afectan no solo la vida, integridad y libertad de esa población, sino también su reincorporación social y económica, pues impactan la continuidad de los proyectos productivos que lideran, que son casos de éxito para lograr la reconstrucción del tejido social».
Por esa razón, exhortó al Gobierno no solo a garantizar la vida de los firmantes, sino también el desarrollo de los procesos de reincorporación ya ganados, así como brindarles las medidas de seguridad que requieren.
Desde que se firmó el acuerdo con las extintas Farc han sido asesinados cerca de 500 excombatientes que habían entregado las armas.
