Un total de 16 personas fueron capturadas por la Fiscalía, tras ser señaladas de integrar dos redes al servicio de las disidencias del frente décimo de las Farc por su posible participación en acciones criminales en el departamento de Arauca.
De acuerdo a los investigadores, entre los capturados se encuentran funcionarios y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener sus actividades ilícitas.
El ente acusador recaudó abundantes pruebas técnicas y testimoniales, que evidenciaron como varios de los detenidos se valieron de sus cargos públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal.
Por otro lado, informaron que dichos funcionarios también otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado.
Además, revelaron que los servidores públicos habrían alertado en varias oportunidades a los cabecillas de la red criminal, sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.
Hay que resaltar que los operativos de captura se efectuaron en Arauca, Saravena, Tame y Fortul, Arauca; y Bogotá.
Asimismo, se decomisaron documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.
Entre los detenidos se encuentra un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales, un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección con amenazas falsas.
Entre los aprehendidos hay una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.
Por estos hechos, les fueron imputados el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera se le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.
A los procesados se les impuso medida de aseguramiento y se ordenó su envió a la cárcel.
