El activista y creador de contenido Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, regresó a Colombia luego de ser deportado por las autoridades de Estados Unidos, un mes después de haber sido detenido en Arizona en un caso que ha generado reacciones políticas tanto en el país como en el exterior.
Coral arribó en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana junto a otros 72 connacionales, entre ellos 11 menores de edad, y fue recibido en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), en Bogotá, por la canciller Rosa Villavicencio y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.
El activista fue detenido el pasado 16 de junio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras una orden firmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Según documentos revelados por The New York Times, la decisión se habría fundamentado en que sus actividades políticas desde territorio estadounidense eran consideradas contrarias a los intereses de ese país.
El presidente Gustavo Petro calificó la detención como una persecución política y aseguró que Coral regresó al país sin esposas, destacando los acuerdos alcanzados entre Colombia y Estados Unidos para que los ciudadanos deportados no sean trasladados con cadenas. Además, señaló que durante su administración se ha acompañado el retorno de 16.988 colombianos en 187 vuelos, de los cuales 142 han provenido de Estados Unidos.
A través de un comunicado divulgado tras su captura, Coral sostuvo que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2015, donde solicitó asilo debido a las amenazas que aseguró haber recibido por sus investigaciones relacionadas con la desaparición de su padre, el capitán de la Policía Humberto Coral Caballero. También afirmó que durante más de una década cumplió con las leyes estadounidenses y negó haber cometido algún delito.
El creador de contenido, reconocido por su respaldo al presidente Petro y por sus críticas al presidente electo Abelardo De La Espriella, recordó que había presentado una denuncia penal en Florida contra el hoy mandatario electo por la presunta grabación ilegal de una llamada. Asimismo, señaló que hablar y expresar opiniones políticas no constituye un delito y rechazó las razones que motivaron su detención y posterior deportación.
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