Además del incremento del 4,64% al precio de los peajes a cargo de Invías y la ANI desde el pasado 1 de agosto, ahora los colombianos deberán asumir otro aumento decretado por el Gobierno nacional, que afecta los bolsillos y la economía de las familias.
Desde el 3 de agosto de 2024, los colombianos afrontan un aumento de la gasolina corriente de 79 pesos por galón y de 97 pesos para el diésel.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunció que este ajuste forma parte de una estrategia para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
Así las cosas, con este aumento, el valor promedio de la gasolina en las 13 principales ciudades del país se estableció por encima de los $15.568 y el del diésel en $9.456.
Dicho déficit en el Fepc que ha provocado mayores gastos para los colombianos, está en la mira de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla y al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, deberá informar a la PGN, las alternativas contempladas en coordinación con otros sectores, para sanear la deuda con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, diferentes a llevar los precios de los combustibles al nivel de precios internacionales.
En el seguimiento preventivo, el órgano de control analiza los asuntos relacionados con el fondo que se encarga en el país, de nivelar los precios de los combustibles, pagando a los productores e importadores la diferencia entre los precios internacionales y los precios nacionales.
Por esta razón, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, solicitó copia del plan de saneamiento del déficit del Fondo a 2024, y un resumen ejecutivo del avance y resultados de su implementación.
Así mismo, se deberán explicar las alternativas analizadas desde el Gobierno Nacional para lograr que el Fepc sea fiscalmente sostenible, detallando propuestas orientadas a la estabilización y fijación de precios de los combustibles
Finalmente, el órgano de control le pidió al jefe de la cartera ministerial de Hacienda y Crédito Público, confirmar si tiene proyectado un plan de inversión social con los recursos del Fondo, que se dejarán de utilizar como “subsidio directo a los combustibles líquidos o en otras palabras un subsidio implícito”.
