La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) presentó una demanda contra el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, el cual comenzó a regir este 1 de julio tras su aprobación por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
El gremio manifestó su preocupación por los efectos que la medida podría generar en la sostenibilidad de las empresas prestadoras y en la estabilidad jurídica del sector. Según su presidente, Camilo Sánchez, aunque la regulación contempla reducciones en las tarifas, la aplicación de las nuevas reglas podría producir incrementos en los costos para los usuarios.
Andesco explicó que las empresas deberán actualizar sus estructuras de costos con base en precios recientes, reemplazando referencias que venían utilizándose desde 2014. A esto se suman nuevas obligaciones relacionadas con inversiones ambientales, gestión del riesgo, reducción de pérdidas de agua y planes de sostenibilidad, factores que podrían impactar el valor final de las tarifas.
El gremio también advirtió que el cálculo de los cobros dependerá de las condiciones operativas de cada empresa, la cantidad de usuarios y las características de las regiones donde prestan el servicio, por lo que los efectos del nuevo esquema podrían variar en diferentes zonas del país.
Asimismo, cuestionó el corto tiempo otorgado para la implementación de la regulación, señalando que las compañías contaron con apenas tres meses para adaptarse a los cambios. Por esta razón, Andesco acudió a mecanismos judiciales con el propósito de buscar una aplicación gradual, con mayor seguridad jurídica y reglas más claras para el sector.
