La seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha generado un creciente malestar entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional, después de que se alertara sobre un posible atentado en su contra. El incidente ha revelado tensiones en torno a la coordinación de las autoridades para proteger al mandatario local.
El pasado jueves, finalizando septiembre, el general Rosenberg Novoa Piñeros, comandante de la Región 6 de la Policía (Antioquia, Córdoba y Chocó), informó al alcalde Gutiérrez sobre una reunión de inteligencia en la que se discutió un presunto plan para atentar contra su vida. Al día siguiente, el general Jorge Ricardo Hernández, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, reafirmó la advertencia. A pesar de la gravedad de la situación, ningún funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia ni de otras agencias se comunicó directamente con Gutiérrez para advertirle formalmente del hallazgo.
Pasada una semana, el Gobierno Nacional rompió su silencio. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció el 3 de octubre, tras un consejo de seguridad en el oriente de Antioquia. Velásquez confirmó que una agencia de inteligencia había alertado sobre un posible atentado y que esa información fue transmitida al alcalde. «Sus medidas de seguridad fueron reforzadas», aseguró el ministro, quien también mencionó que la Policía y otras unidades especializadas, como el Gaula y la Dirección de Inteligencia Dijín, están evaluando la amenaza.
No obstante, la tardanza en la comunicación y la falta de detalles concretos han generado incomodidad en la administración de Medellín. Desde la Alpujarra, sede del gobierno local, persiste la sensación de que la respuesta del Gobierno Nacional no ha sido lo suficientemente clara ni ágil.
El alcalde Gutiérrez, quien ha enfrentado amenazas durante su mandato, se encuentra ahora en el centro de una polémica que pone de manifiesto las dificultades de coordinación entre las distintas instancias de seguridad del país.