Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en actos de tortura cometidos contra 11 civiles durante la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá.
Según la investigación, las víctimas —entre ellas dos estudiantes de derecho y un funcionario de obras públicas— fueron rescatadas por la Fuerza Pública en medio del fuego cruzado con integrantes del M-19, pero posteriormente fueron señaladas de manera errónea como posibles colaboradoras de la guerrilla. Tras ello, habrían sido trasladadas a la Casa del Florero, instalaciones militares y dependencias policiales, donde fueron sometidas a tratos crueles mientras eran interrogadas, antes de recuperar su libertad.
Entre los acusados figuran altos mandos de inteligencia militar de la época: el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, entonces coronel y director del COICI; el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, jefe de la unidad de inteligencia de la Brigada XIII; el coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2; y el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez. También deberán responder los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, todos vinculados al B-2.
Uno de los casos destacados es el de un trabajador público que se dirigía en bus hacia Zipaquirá y fue detenido en un retén. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre habría sido señalado como insurgente, llevado a la Escuela de Caballería y posteriormente a la cárcel La Modelo, donde permaneció privado de la libertad durante dos semanas.
Con estos avances, la justicia continúa examinando las responsabilidades individuales en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.
