Venezuela acordó este sábado reanudar vuelos de deportados por Estados Unidos, suspendidos hace un mes mientras ambos gobiernos se señalan mutuamente de boicotear un acuerdo de deportaciones alcanzado en enero.
El anuncio llega una semana después de la deportación de 238 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, un hecho que el presidente Nicolás Maduro tachó de secuestro.
El ritmo de las deportaciones ha sido cuestionado por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y como represalia revocó la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela.
Caracas, en tanto, denunció el jueves que el Departamento de Estado estadounidense estaba «bloqueando» los vuelos de repatriación hacia el país caribeño.
«Hemos acordado reanudar con el gobierno de los EEUU la repatriación de migrantes venezolanos con un vuelo inicial mañana domingo 23 de marzo», indicó en un comunicado el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez.
Ambos países rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer gobierno de Trump que impuso un embargo petrolero tras considerar fraudulenta la primera reelección de Maduro en mayo de 2018.
Washington tampoco reconoció la proclamación de Maduro para un tercer mandato luego de las elecciones celebradas en julio pasado y tras las cuales la oposición denunció fraude al reivindicar el triunfo del exiliado Edmundo González Urrutia.
Estados Unidos señala a los venezolanos llevados a El Salvador de pertenecer a la temible pandilla Tren de Aragua surgida en Venezuela y declarada organización terrorista por Trump.
– «Migrar no es un delito» –
Para las deportaciones de venezolanos a El Salvador, Washington había invocado una ley de 1798 que permite la expulsión, sin un juicio, de «enemigos extranjeros». Caracas dice que es «anacrónica».
Trump negó el viernes negó haber firmado dicha proclamación pocas horas después de que el juez James Boasberg, quien suspendió la expulsión de migrantes ordenada por el gobierno, calificara las repercusiones de usar una ley de guerra de 1798 como «increíblemente problemáticas».
«No sé cuándo se firmó porque yo no lo firmé. Otras personas se encargaron», dijo Trump al insinuar que la rúbrica del decreto estuvo a cargo de su secretario de Estado, Marco Rubio.
