El Tribunal Administrativo de La Guajira emitió una resolución sancionatoria contra varios funcionarios públicos por incumplimiento de las órdenes emitidas en la Sentencia T-415 de 2018, que confirmó parcialmente un fallo de 2017.
Entre los sancionados se encuentran Jaime Luis Buitrago García, alcalde de Uribia; Martha Viviana Carvajalino Villegas, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural; y José Ricardo Hurtado Chacón, subdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Entre las acciones incumplidas, el municipio de Uribia no ha implementado el plan de acción necesario para ejecutar los recursos destinados a las obras de infraestructura para el abastecimiento de agua; esta negligencia llevó a la radicación de quejas ante la Procuraduría General de la Nación.
El fallo impone una sanción de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los sancionados; no obstante, el Tribunal aclara que la imposición de esta sanción no exime a los funcionarios de cumplir con las órdenes judiciales de forma inmediata. Así mismo, el expediente será remitido al Consejo de Estado para su revisión en el grado jurisdiccional de consulta, asegurando que se mantenga la supervisión del cumplimiento de las órdenes judiciales.
La sentencia original, que amparaba derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la alimentación y la salud, fue emitida tras la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en La Guajira en 2017.
A pesar de las medidas ordenadas, el Tribunal constató que la mayoría de estas no han sido cumplidas. El incumplimiento es particularmente grave en temas relacionados con el acceso al agua potable, la nutrición infantil y la infraestructura sanitaria, factores críticos para la supervivencia de las comunidades wayuú.
El Tribunal señaló que, aún cuando algunas autoridades han demostrado avances y esfuerzos concretos, los resultados son insuficientes para superar la crisis humanitaria que afecta a estas poblaciones.
Por último se concluyó que las sanciones impuestas son proporcionales a la gravedad de los hechos, aunque resaltó la complejidad de la situación y las dificultades operativas enfrentadas por los funcionarios.
