Cerca de 26 mil toneladas de material eólico se encuentran abandonados en las bodegas aduaneras de Puerto Brisa, ubicado en Mingueo, jurisdicción de Dibulla.
Se trata de equipos que llegaron durante el pasado gobierno del presidente Iván Duque con destino a los parques Guajira 1, Alpha y Beta, que beneficiarán a la comunidad wayuú y a cerca de 500 mil habitantes de Uribia, Manaure y Riohacha.
Ante el almacenamiento de los insumos de los proyectos de energía eólica en La Guajira, las empresas propietarias de los equipos, Eolos Energía SAS E.S.P y Vientos de Norte SAS E.S.P., le enviaron una carta al Gobierno Nacional, señalando que se están quebrando por cuenta de las condiciones que les pone la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para empezar a generar y transmitir energía.
La empresa Vientos del Norte propietaria de los molinos, puso en conocimiento a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre la deficiencia que hay con la entrega de la licencia para instalarlos en el departamento de La Guajira.
“Le presentamos a su despacho unas solicitudes de ajustes que benefician el proceso de transición energética, incentivan la construcción de proyectos eólicos y aseguran la viabilidad de los proyectos de generación a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables, incluyendo los proyectos eólicos más grandes del país, Alpha y Beta, que generarán 492 MW y que por diferentes circunstancias, fuera de nuestro control, han presentado atrasos en su desarrollo. Mejorar las condiciones para la entrada de este tipo de proyectos hará realidad la diversificación y resiliencia de la matriz energética que hasta el momento es hidrotérmica, generando competencia e incentivando la eficiencia en la formación de precios”, manifiestan en el documento.
Sostienen que los proyectos eólicos Alpha de 212 MW y Beta de 280 MW, respectivamente, ubicados a lo largo de aproximadamente 15.000 hectáreas en los municipios de Maicao y Uribia, en La Guajira, cuya construcción representa inversiones de alrededor de USD 650.000.000 y la generación potencial de 1.000 empleos directos e indirectos de los cuales hasta un 50% serían para habitantes del área de influencia, lo cual contribuye al desarrollo del departamento peninsular.
Y a continuación enumeran una seria de factores que afectan la viabilidad de los proyectos o distintas situaciones imprevistas, que han implicado demoras y aumentos en los costos, “afectando de manera importante el equilibrio económico de los contratos adjudicados en la subasta y la suficiencia financiera que es principio tarifario del servicio público domiciliario de energía eléctrica”.
Entre las principales vicisitudes, sostienen que se encuentra la pandemia del Covid-19 que implicó un atraso de al menos cinco meses en las consultas previas necesarias para el licenciamiento ambiental de los proyectos y el incremento en costos de insumos esenciales para la construcción de estos, que desde enero de 2020, como en el caso del acero ha tenido un incremento del 75%; el cobre un incremento del 26% y los costos en el transporte de equipos desde su lugar de origen hasta Colombia.
Aunado a lo anterior, indican que se han presentado una serie de cambios en las condiciones macroeconómicas, tales como la pérdida de grado de inversión de Colombia, la devaluación del peso superior al 44,13% en los últimos tres años, el aumento de tasas de interés en Colombia entre 7% y 9% anual, lo cual se suma a la congestión en la cadena de suministro y al aumento de costos de las materias primas que han contribuido a incrementar el costo de los proyectos.
“Además, nos hemos encontrado con vías de hecho por parte de las comunidades que implicaron la disminución del ritmo de trabajo por parte de nuestro contratista civil que conllevó a la decisión de buscar un reemplazo, proceso de selección en el que nos encontramos actualmente y en el que hemos recibimos cotizaciones más altas y en algunos casos renuencia de varios proponentes a trabajar en La Guajira”, añaden.
Así las cosas, ante toda la problemática que enuncian en la ejecución del proyecto, consideran de vital importancia que el Ministerio de Minas y Energía, a través del Fondo de Energía no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) destine mayores recursos que permitan aumentar la planta de personal que el Ministerio del Interior dispone para el desarrollo del proceso de Consulta Previa a comunidades étnicas en La Guajira.
“En el caso particular de los proyectos, se requeriría que se tuvieren al menos cinco equipos trabajando de manera paralela durante el periodo de marzo a septiembre de 2023, periodo en el que estimamos se realizarán las consultas previas de las comunidades que conforme a la modificación del área de influencia pudieren verse afectadas y requirieran ser consultadas”, argumentan.
De tal manera que debido a lo anterior, solicitan al Gobierno Nacional apoyo en la adopción de las medidas propuestas en tanto que las mismas mitigan en parte el impacto que condiciones imprevistas y extraordinarias han causado en los proyectos y que se fundamentan en estudios técnicos, el conocimiento del sector y en experiencias internacionales.
“Lo que permitirá la entrada en operación de estos importantes proyectos que, junto a Elipse, Kappa y Omega los cuales ya mencionamos y forman parte mismo clúster geográfico, hacen parte fundamental de la transición energética justa del país y benefician a los usuarios finales con mejores tarifas en el mediano y largo plazo”, concluyen.
