La Superintendencia de Sociedades impuso una sanción superior a 1.200 millones de pesos a la empresa Impoamericana Roger S.A.S., responsable de suministrar los polémicos carrotanques adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para abastecer de agua potable a comunidades apartadas de La Guajira.
La decisión, adoptada el 19 de febrero, se produjo en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción sustentada en la Ley 2195 de 2022. El proceso se originó en el contrato para el suministro de 40 vehículos tipo carrotanque, formalizado mediante la Orden de Proveeduría SMD-CTQ-192-2023 del 12 de octubre de 2023, por un valor total de $46.800 millones, en medio de la emergencia económica, social y ecológica declarada en el departamento.
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Según el organismo de control, la compañía incurrió en la transgresión de disposiciones relacionadas con prácticas corruptas, por lo que además de la multa —que asciende a $1.298.795.622— se le impusieron sanciones adicionales: inhabilidad para contratar con el Estado, remoción de sus administradores, prohibición de recibir subsidios gubernamentales durante diez años y la obligación de publicar la parte resolutiva de la decisión en un diario de amplia circulación nacional.
El superintendente Billy Escobar Pérez afirmó que la medida reafirma el compromiso institucional con la ética corporativa y la lucha contra la corrupción como base de la legalidad empresarial.
De acuerdo con la información oficial, Impoamericana Roger se dedica a la comercialización de materiales de ferretería y carne de animales muertos para consumo humano, pese a lo cual recibió el contrato por $46.800 millones para la adquisición de los carrotanques.
