La Contraloría General de la República evaluó la gestión del Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda– para la legalización de los subsidios familiares de vivienda de interés social del programa Bolsas Anteriores, encontrando 25 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $4.434 millones; 18 con posible incidencia disciplinaria, 1 que da pie a una indagación preliminar y 2 para procesos administrativos sancionatorios.
El programa Bolsas Anteriores se refiere a los subsidios de vivienda asignados en el marco legal establecido con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 de 2012, la cual a su vez definió las normas para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, a título de subsidio en especie.
Los dos casos de mayor detrimento patrimonial
El detrimento patrimonial de mayor cuantía, por $1.640 millones, se da con relación al proyecto Urbanización Enraizar III Etapa, en San Pablo (departamento de Bolívar), donde no han sido construidas las 413 viviendas previstas, luego de transcurrir 9 años de haber sido viabilizado y 5 desde la legalización de los recursos destinados para las obras de urbanismo. Hoy está paralizado, con apenas un 29 por ciento de avance.
Le sigue un hallazgo fiscal por más de $939 millones referido al proyecto Marina Esperanza, en Maicao (La Guajira), que tenía por objeto construir 300 soluciones de vivienda VIP para población desplazada por la violencia. No se han iniciado 211 viviendas y 23 se hallan en estado de parálisis.
En este segundo caso, ha transcurrido casi una década de haberse viabilizado el proyecto y los beneficiarios de los subsidios siguen sin obtener una solución de vivienda.
Lo grave es que esas personas desplazadas han quedado atadas a un proyecto desfinanciado, que se encuentra en alerta roja (completa 6 años paralizado) y presenta recomendación de declaratoria de incumplimiento.
