La directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, ratificó el compromiso de la entidad y las medidas adoptadas para las comunidades indígenas de La Guajira, luego de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el decreto 1272, que creaba una transferencia “no condicionada” para atender a las familias con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes, que se encuentren en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo en ese departamento al norte de Colombia.
Estas medidas adoptadas para mitigar la crisis humanitaria por la que atraviesan las familias wayuú, en La Guajira, establecen que la entidad no implementará la transferencia monetaria Renta Wayuu, que había propuesto como medida de emergencia para responder a la crisis de los hogares indígenas, pero incluirá a las más de 27.000 familias identificadas, que cumplan con los criterios de selección, en Tránsito a Renta Ciudadana.
“Nos vamos a ir por un escenario que no se basa en la declaratoria de emergencia (que la Corte Constitucional declaró inexequible). Vamos a optar por vincular a los hogares a Tránsito a Renta Ciudadana, para que reciban el quinto pago del programa, que se hará en diciembre; y, en enero, al nuevo modelo de Renta Ciudadana, que comienza el próximo año”, explicó Sarabia.
Adicionalmente, Prosperidad Social implementó 2.400 unidades productivas de alimentos para el autoconsumo (Upaa), en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, que impactan a igual número de hogares. Esto contribuye al acceso de poblaciones pobres y vulnerables a la producción de alimentos para su propio consumo, la promoción de hábitos alimenticios saludables y el uso de productos locales para garantizar la seguridad alimentaria.
Para 2024, la entidad proyecta implementar otras 3.000 Upaa en aquellas zonas de los municipios de Maicao, Manaure y Uribia, así como en el Distrito de Riohacha en las que el Icbf, el Ministerio de Salud y las autoridades del pueblo wayuú indiquen que se registran los mayores índices de desnutrición y mortalidad de niños, niñas y adolescentes.
Desde el 20 de abril de 2023, la entidad ha propiciado mesas de trabajo con el Ministerio del Interior y delegados wayuú, con el propósito de superar los inconvenientes que se presentan en materia censal, para que la comunidad pueda acceder a la oferta institucional de Prosperidad Social.
En julio pasado, se llevó a cabo una mesa interinstitucional para definir la población sujeta a los planes y programas del Prosperidad Social, el Icbf, el Ministerio de Salud y la Unidad para las Víctimas, e identificar potenciales beneficiarios, a partir de los registros administrativos que aportó cada entidad.
Este primer insumo fue avalado por las autoridades indígenas, en el marco de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayuu.
A partir de este ejercicio, durante el segundo semestre, se logró la identificación de la población que puede acceder a los programas de transferencias monetarias, y se construyó la gran base de potenciales participantes de la estrategia de atención diferencial.
