La subdirectora de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, María Fernanda Rojas, participó este jueves en la mesa de seguimiento de los compromisos y acciones de la Sentencia T-302, desarrollada en el departamento de La Guajira.
Desde la entidad, se espera superar la meta establecida con su programa de producción de alimentos en el Departamento, para responder a compromisos frente a la Sentencia T-302 de 2017, con la que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la protección especial de derechos para las comunidades wayuú.
La funcionaria indicó que la respuesta al compromiso establecido para responder a la crisis en el Departamento, Prosperidad Social implementó un proyecto para desarrollar 2.400 unidades productivas de alimentos para el autoconsumo (Upaa), en las comunidades wayuú de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.
Así respondió al objetivo 2 del fallo, que señala la necesidad de mejorar los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria en La Guajira.
Sostuvo que 2.100 hogares fueron atendidos durante la intervención realizada entre diciembre de 2022 y octubre de 2023.
“Con las lecciones aprendidas de la primera intervención, Prosperidad Social realizó un ajuste en la metodología, para atender a 300 hogares faltantes, mediante una intervención comunitaria. La entidad ha venido trabajando de la mano con las 74 comunidades indígenas de Manaure, lo que le permitirá llegar a cerca de 2.450 hogares en total; es decir, que superará la meta inicialmente establecida en el compromiso”, sostuvo la subdirectora.
Puntualizó que con las Upaa, la entidad promueve el acceso y consumo de alimentos saludables en poblaciones pobres y vulnerables, a través de la producción para el autoconsumo.