La Procuraduría General de la Nación lideró el encuentro interinstitucional convocado para cumplir un fallo que ordena no hacer consulta previa, pero sí analizar posibles impactos a la comunidad wayuú, Ceibita- Macedonia, por la construcción de una cárcel para La Guajira ordenada por la Corte Constitucional en Riohacha.
Luego de escuchar las denuncias de este grupo indígena, sobre las afectaciones en el suministro de agua, vías de acceso, seguridad, acceso a la educación y salud, entre otras, que están padeciendo en su territorio ancestral y las quejas por incumplimientos reiterados de las entidades gubernamentales que se habían negado a dialogar con ellos, la Procuraduría logró que se diera este primer acercamiento.
Asimismo, quedó definida una nueva jornada de trabajo entre las partes los próximos 9 y 10 de febrero, en la que se expondrán estas situaciones, se plantearán acciones para resolverlas y se definirán compromisos puntuales y fechas para su cumplimiento.
El asesor para Asuntos Étnicos delegado por la procuradora Margarita Cabello Blanco para liderar el encuentro, Jeferson Mena, aseguró que el Ministerio Público participará en las jornadas de febrero y en todo el proceso como garante del cumplimiento de los compromisos, pero que ahora el balón está en terreno del Gobierno Nacional.
“Hoy acordamos una ruta absolutamente clara y que esperamos cumplan las partes, la PGN garantizará que todo lo pactado se cumpla, desde nuestras funciones preventiva y disciplinaria si así se requiere”, expresó Jeferson Mena.
Por su parte, la líder de la comunidad, Yeísy Iguarán, agradeció a la procuradora Cabello Blanco por su intervención en el caso y llamó al Gobierno nacional a proponer soluciones basadas en el respeto por sus tradiciones y costumbres para evitar la extinción de su comunidad.
