La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra más de 40 funcionarios del alto gobierno, así como exministros, exdirectores de entidades nacionales, gobernadores y alcaldes de La Guajira, por presunto incumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional que ordenaba adoptar medidas urgentes para proteger los derechos fundamentales del pueblo Wayúu.
El fallo, proferido en 2022, ordenaba la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP) para garantizar el acceso al agua, la alimentación, la salud, la igualdad y la preservación de la diversidad cultural en las comunidades wayuu, especialmente en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que no existen evidencias de avances significativos en su cumplimiento, lo que habría mantenido la crisis humanitaria que enfrenta esta población.
En la lista de investigados figuran cinco exconsejeros presidenciales, tres ministros de Salud, cuatro de Vivienda, dos de Medio Ambiente, cuatro de Agricultura y Desarrollo Rural, así como exdirectores del ICBF, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento para la Prosperidad Social. También fueron vinculados tres exgobernadores de La Guajira y varios alcaldes actuales y anteriores de los municipios mencionados.
Según la Procuraduría, la investigación busca determinar si los funcionarios omitieron sus responsabilidades en la implementación de las medidas ordenadas por el Alto Tribunal, al no garantizar condiciones dignas para los niños y niñas wayuu. Por ello, se decretó la práctica de pruebas para establecer la existencia de faltas disciplinarias y posibles sanciones.
Este nuevo proceso refleja la preocupación del órgano de control frente al persistente incumplimiento de las decisiones judiciales que buscan mejorar la calidad de vida de una de las comunidades más vulnerables del país.
