Con el fin de verificar que las entidades estatales del orden nacional, departamental y municipal, estén cumpliendo con el acceso efectivo de los niños, niñas, comunidades indígenas y de la ciudadanía en general, a los derechos fundamentales de agua, salud y seguridad alimentaria, entre otros, este 24 de enero llegó hasta el distrito de Riohacha un equipo conformado por las procuradurías delegadas para Seguimiento a Regalías, Gestión y Gobernanza Territorial, Asuntos Étnicos y Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
Con la comunidad indígena wayuú, La Ceibita Mecedinia se reunirá el grupo del Ministerio Público, para conocer sus denuncias sobre presuntas afectaciones a raíz de la construcción de una nueva cárcel, que se adelanta en un predio vecino al lugar que habitan.
Representantes de alcaldía de Riohacha; Defensoría del Pueblo; Consejería Presidencial para las Regiones; Ministerio del Interior; Gobernación departamental; Unidad de Servicios Penitenciarios e interventoría de la obra, están citados a este encuentro para cumplir con la orden judicial de analizar los posibles impactos causados y definir soluciones cuyo cumplimiento deberá verificar la Procuraduría.
Con el objetivo de identificar las dificultades y definir compromisos claros para resolverlas, el equipo también revisará en una reunión con la comunidad y posterior mesa técnica con la Alcaldía, el Viceministerio de Agua y la Superintendencia de Servicios Públicos, el avance de los proyectos de acueducto financiados con recursos de regalías que se adelantan en la Comuna 10 y en otros puntos clave de la ciudad.
Asimismo, se trasladará posteriormente a territorio ancestral wayuú en la vía Riohacha – Valledupar, habitado por las comunidades Cascajalito, Ishimana y Moncumana, para verificar de primera mano las condiciones de acceso efectivo de los niños y niñas a los derechos fundamentales de agua, salud y seguridad alimentaria.
De manera paralela a estas actividades, miembros de la delegada para Asuntos Étnicos visitarán las comunidades wayuú de Ciruelos y Paptain, en zona rural de la ciudad, con el fin de incluirlas en la georreferenciación solicitada por la Corte Constitucional como parte del informe que presentará el Ministerio Público sobre el estado de las comunidades indígenas en Colombia.
