En el marco del Especial Seguimiento que realiza la Contraloría General de la Nación al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, identificó que más de 122.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de las zonas más vulnerables de La Guajira están en riesgo de no recibir los beneficios del programa durante el segundo semestre del calendario académico.
La Contraloría identificó que en la Entidad Territorial Certificada (ETC) La Guajira, existe un incumplimiento en los principios de planeación, lo cual ha ocasionado que falten por contratar 87 días de los 180 días del calendario escolar. Esto pone en riesgo la prestación del servicio para más de 81.000 estudiantes en la región. Se estima que se requieren más de $14.000 millones que no han sido asignados, y además, más de $2.300 millones de saldos de la vigencia anterior no se han ejecutado.
El ente regulador resaltó que, “de no lograrse las condiciones contractuales para garantizar la continuidad del programa para esta vigencia, de la población indígena se verían afectados 30.035 niños, niñas y adolescentes, es decir el 58% del total de los beneficiarios de esta ETC”.
Además añadió que de los 17 operadores seleccionados al finalizar el primer semestre, 3 se encuentran en proceso de legalización de contratos y 2 están en trámites administrativos y subsanación de documentación para la suscripción y perfeccionamiento de los contratos. Esto ha llevado a que más de 4.000 beneficiarios pertenecientes a comunidades indígenas no hayan recibido alimentos en lo que va del año 2023.
Por su parte, la ETC de Riohacha inició la operación del PAE el 7 de febrero de 2023, con un plazo de ejecución de 86 días escolares, garantizando el servicio para 41.174 beneficiarios únicamente hasta el primer semestre del calendario.
Sin embargo, en el seguimiento realizado por la Contraloría se determinó que la ETC requiere cerca de $9.627.982.000 que aún no han sido asignados. Incluso con estos recursos, solo se podrían atender 176 días en la población mayoritaria y 152 días en la población indígena, lo que afectaría a 18.261 estudiantes de estas comunidades que dejarían de recibir la alimentación escolar.
“Las ETC tienen la obligación de agotar los procesos de contratación que requieran para la implementación del PAE y prevenir que no se den suspensiones en las entregas durante todo el calendario escolar, prevaleciendo la ejecución del programa en población con enfoque diferencial según lo determinado en la sentencia T-475 de 2016 la Corte Constitucional”, destacó el ente regulador.
Asimismo, enfatizó que en el marco del Control Fiscal Participativo, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana continuará realizando el seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) con visitas permanentes a las ETC de La Guajira y a las instituciones educativas donde se ejecuta el programa. Se recolectará información a través de la aplicación de un cuestionario in situ, con el objetivo de fortalecer el control social en este territorio.
De igual manera, deasarrollará un seguimiento exhaustivo a los recursos públicos destinados al programa para garantizar el cumplimiento de los criterios de planeación, priorización y focalización, y para asegurar que los complementos alimenticios lleguen a los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan, siguiendo los lineamientos establecidos.
“La Contraloría General de la República hace un llamado al cumplimiento de las leyes 2167 del 2021, 2595 del 2022 y la resolución 335 del 2021, que busca el fortalecimiento del PAE y a que las ETC de La Guajira atiendan y dispongan equipos y recursos necesarios para ejecutar el PAE dentro de los parámetros establecidos, especialmente garantizando los derechos de las comunidades étnicas”, señala la entidad.
