El secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velásquez Granadillo, advirtió sobre la creciente preocupación en el departamento por las deficiencias en la prestación del servicio de energía y pidió a Air-e establecer un plan de contingencia que permita atender las constantes fluctuaciones y reducir las afectaciones a los usuarios.
Durante una entrevista con Cardenal Stereo, el funcionario reconoció la inconformidad de la ciudadanía, especialmente por los daños ocasionados a electrodomésticos y las interrupciones del servicio, mientras las facturas continúan llegando de manera regular. Velásquez señaló que la intervención de la empresa no ha entregado los resultados esperados y que se requiere conocer con claridad cuál es la situación actual del sistema eléctrico en La Guajira.
El funcionario explicó que, de acuerdo con estimaciones mencionadas durante la conversación, las inversiones necesarias para solucionar las dificultades superarían los $600 mil millones y podrían tardar alrededor de dos años. Ante este panorama, consideró necesario adoptar medidas inmediatas mientras se ejecutan las inversiones de fondo.
Para abordar la situación, se prevé un encuentro entre Air-e, alcaldes, la Gobernación, organismos de control, personeros y representantes de la comunidad. La intención es establecer las condiciones reales del servicio y definir acciones conjuntas que permitan mitigar las interrupciones.
Velásquez también alertó sobre una posible escalada de las protestas ciudadanas, aunque rechazó las manifestaciones violentas y los bloqueos como mecanismo de presión. A su juicio, el Estado debe intervenir como garante para facilitar una solución entre la empresa y los usuarios.
La preocupación, según expuso, no se limita al servicio de energía. Durante la entrevista también mencionó dificultades en la recolección de residuos y el abastecimiento de agua en distintos municipios, por lo que sostuvo que La Guajira atraviesa una situación compleja en materia de servicios públicos.
Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones, las empresas prestadoras y la ciudadanía, al considerar que las soluciones deben garantizar servicios eficientes y, al mismo tiempo, responder a las necesidades y condiciones particulares del departamento.
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