La Presidencia de la República fracasó en su intento de dar inicio a la consulta previa con las comunidades indígenas de Riohacha, para empezar a implementar los objetivos de la Sentencia T 302 de 2017, donde la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales.
Funcionarios de los ministerios del Interior, de Agricultura y otras dependencias del Gobierno nacional, llegaron ayer hasta la comunidad indígena de Walinay, donde convocaron a las autoridades tradicionales a mesas de trabajo para avanzar en ocho temas que contempla la Sentencia.
La iniciativa no fue aprobada por las autoridades tradicionales, quienes solicitaron un plazo para poder trabajar con expertos que les permitiera definir la forma cómo se implementarían las medidas, indicadores y tiempo para la ejecución. Matilde López, reconocida líder wayuú, argumentó que ellos más que nadie conocen el contenido de la sentencia porque lucharon para que se reconocieran los derechos en la protección a la vida de los niños y niñas de las comunidades de los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
“El problema aquí consiste en que no contamos con un equipo técnico profesional que nos ayude a plasmar lo que nosotros queremos conjuntamente con ellos que no son tres gatos, ellos son tres leones que vienen a sentarse con nosotros con muchas personas que muchas ni sabemos leer”, dijo.
Explicó que sentarse con funcionarios del Gobierno nacional sin contar con la orientación de profesionales expertos en la parte técnica, resultaría grave frente a los objetivos que como comunidad buscan con la implementación de la sentencia.
“Para nosotros esto es grave y se lo hicimos saber en su momento al Gobierno nacional, solo que nos dijeron que no tenían recursos para pagar los profesionales que nosotros requeríamos para que nos ayudaran y nos asesoraran en el tema”, precisó.
En ese sentido, la líder recordó que la consulta previa busca que las comunidades indígenas del Distrito se pongan de acuerdo para definir los planes y programas que el Gobierno nacional aspira a desarrollar en el marco de la implementación de la Sentencia T 302.
López lamentó la situación puesto que se dio una primera reunión hace más de un mes, pero no se aprobó la petición del equipo de expertos que solicitaron para que, como comunidad, avanzaran en los temas que el Gobierno nacional, departamental y distrital, deben garantizar para la protección de los niños y niñas wayuú.
“Lo que consideramos como comunidad es que se nos deben colocar unos profesionales que trabajen con nuestras comunidades para que nos ayuden, porque no tenemos claro cómo nosotros vamos a proponer cosas que realmente nos sirvan en el futuro”, apuntó.
El Gobierno nacional
Entretanto, Dina Rodríguez, delegada del Gobierno nacional, lamentó la situación y reiteró a los líderes wayuú la necesidad de avanzar en las mesas de trabajo para implementar los objetivos de la sentencia en sectores como agua, salud, educación, entre otros.
Aclaró que trabajaron diferentes espacios en los cuales escucharon a las comunidades indígenas. “Hemos sido consciente de las necesidades que ustedes tienen, así mismo lo reconoció la Corte Constitucional en el fallo que emitió en la Sentencia T 302 de 2017 notificada al Gobierno nacional en la vigencia 2018”, dijo.
La representante del Gobierno, que se encontraba en la segunda visita al territorio, aseguró que en su momento les comunicaron que regresarían para trabajar de la mano.
“Siendo conscientes de sus necesidades porque nos lo han reiterado en diferentes espacios y estamos hoy acá atendiendo esas necesidades que ustedes mismos manifestaron en esos diferentes espacios para buscar una solución”, puntualizó.
Otros actores
Miguel Ángel López Hernández, miembro de la Junta Mayor de Palabreros, aseveró que el tiempo y la palabra van juntos, además que la palabra es lenta en el pueblo wayuú y por lo tanto necesita tiempo para el trabajo.
“Reconocemos que en la primera convocatoria fue allí donde falló la construcción de un acuerdo interno porque el pueblo wayuú antes de firmar o dejar la huella tiene un acuerdo interno”, precisó.
Añadió que el Gobierno nacional debe respetar los usos y costumbres del pueblo wayuú, que incluye ese proceso de construcción de los acuerdos que deben trabajar más cuando se trata de una sentencia que busca garantizar la vida de los niños y niñas wayuú.
“Tienen primero que tener el acuerdo interno para que sea una sola voz la que habla a nombre de la zona en que se está tratando la decisión”, anotó.
Audiencia pública
Cabe recordar que el Tribunal Judicial del Distrito de Riohacha convocó a audiencia pública para este 6 de diciembre al presidente de la República y varios de sus ministros, con el fin de establecer el nivel de cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucionales con relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la salud, agua potable, alimentación y seguridad alimentaria de los niños y niñas wayuú de los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure.
La audiencia se realizará en el Palacio de Justicia en Riohacha, a partir de las ocho de la mañana.
