La comunidad indígena del resguardo Provincial, jurisdicción del municipio de Barrancas, aún siguen esperando las acciones por parte de la empresa Cerrejón, ante la sentencia de la Corte Constitucional, la cual ordenó adoptar medidas para la protección de las familias que se encuentran ubicadas a pocos kilómetros de los tajos del complejo carbonífero a cielo abierto, debido a que las labores que adelantan han causado daños ambientales y de salubridad.
Según la sentencia de la Corte, se encontraron cinco afectaciones, entre ellas el polvillo y cenizas de carbón; partículas en los vertimientos de agua que bordean el resguardo Provincial y el Cerrejón; el hollín sobre la flora y fauna; así como la mezcla de químicos y gases que, al parecer, son los causantes de diversas enfermedades de cada familia del resguardo, además de la presencia de este material que superan los límites exigidos tanto nacional como internacional.
Diario del Norte hizo presencia en la comunidad indígena wayuú de Provincial, y logró establecer un diálogo con el cabildo gobernador Óscar Guariyú.
“Al momento de establecer dicha demanda en 2016 por parte de nuestros hermanos wayuú residenciados en Media Luna, se expusieron varias afectaciones y la Corte nos ha manifestado que es un derecho de las comunidades que se encuentran dentro del corredor del Cerrejón, y de acuerdo a la sentencia nos han dado el derecho de poder reclamar y darle aplicación a la misma”, sostuvo.
Afirmó que esta ha sido una oportunidad que les ha dado la sentencia y con la cual tendrán muchos beneficios. Además, dijo que lo que pretenden es sentarse con los representantes de la empresa y establecer un diálogo que los lleve a una solución.
Sin embargo, sostuvo que a través de las autoridades tradicionales, líderes y toda la comunidad, docentes y promotoras de salud pudieron tener varios diálogos con la empresa Cerrejón, y se hizo un proceso para la consulta previa con la comunidad de Provincial, y hasta el momento están a la espera de la misma para exponer sus necesidades.
Con relación a algunas brigadas de salud, el cabildo gobernador manifestó que sí se han realizado estas jornadas por parte del municipio de Barrancas.
“Nuestra comunidad recibe mensualmente atenciones médicas y por parte de Cerrejón aún no hemos tenido dichas brigadas, que a partir de la consulta previa vamos a vincular todas estas propuestas para la protección de la comunidad. Exigiremos la atención de la población y será uno de los compromisos prioritarios para que Cerrejón se vea obligada en darnos este beneficio, contar con especialistas para que nuestras mujeres y niños sean atendidos como se lo merecen, ya que muchos de los niños y adultos sufren de enfermedades respiratorias”, comentó.
Mencionó que otro de los puntos es el agua potable, a lo cual precisó que en el resguardo Provincial a través de los recursos de regalías conjuntamente con la Alcaldía de Barrancas, se construyó un pozo profundo que es el que hoy surte el servicio de agua las 24 horas a la comunidad, pero este líquido no es apto para el consumo humano. “Queremos potabilizar el agua para que nuestra gente no sufra más de escasez ni mucho menos de enfermedades”, concluyó el cabildo gobernador.
En ese mismo sentido, Naffi Carrillo Carrillo, secretaria de Gobierno del municipio de Barrancas, expresó que sí se tiene conocimiento del fallo de la sentencia, mediante la cual se amparan los derechos de la comunidad indígena del resguardo de Provincial.
“Hoy la administración municipal en cabeza del alcalde Iván Mauricio Soto y a través de esta dependencia, está en investigación y en el proceso de culminación del empalme para así contextualizar la realidad que tiene esta comunidad, puesto que a la fecha no se tiene claro cuáles fueron las acciones que había tomado en su momento la administración saliente para poder darle cumplimiento a los alcances de esta sentencia”, expresó la funcionaria.
Asimismo, dijo: “En el momento se entrará a revisar y estudiar para tomar nuestras responsabilidades como municipio, para que lo ordenado en la sentencia por la Corte Constitucional se le dé cumplimiento y se ayude a estas comunidades que hoy están sufriendo por ese índice de contaminación. Según los estudios realizados por la misma administración, va a entrar a coadyuvar no solamente en Provincial, sino a los otros resguardos indígenas aledaños que también presentan seguramente estas necesidades”.
La sentencia
En la sentencia la Corte Constitucional también hace un fuerte llamado de atención a las autoridades ambientales por no sancionar a Cerrejón.
“Las entidades de control ambiental como Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –Anla– corroboraron incumplimientos, por parte de la empresa Carbones del Cerrejón, pero no adoptaron las sanciones correspondientes y no adoptaron medidas suficientes para proteger a la población indígena”, afirmó el alto tribunal. También se ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social crear una brigada de salud para valorar a los habitantes del resguardo indígena.
La Gobernación de la Guajira y la Alcaldía de Barrancas también deben asegurarse de que los habitantes del resguardo tengan acceso a un mínimo de agua potable para cubrir sus necesidades básicas.
Por su parte, la empresa Carbones del Cerrejón Limited debe traducir la decisión al inglés y entregarla a sus sociedades accionistas, Anglo American, BHP Billiton y Glencore, para que valoren la necesidad de adoptar estrategias adicionales para proteger a la comunidad indígena.
