Pese a que tres sentencias judiciales ordenaron el reintegro de funcionarios de carrera administrativa desvinculados del Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad Distrital de Riohacha (Instramd), uno de los afectados aseguró que, varios meses después de quedar ejecutoriados los fallos, las decisiones aún no han sido acatadas.
En entrevista con Cardenal Stereo, Albert Segundo Magdaniel Peralta, quien se desempeñaba como Profesional Universitario Administrativo – Gestión Financiera del Instramd, afirmó que ni él ni los demás exfuncionarios han sido reincorporados a sus cargos ni han recibido el pago de salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales ordenadas por la justicia.
Es de recordar que: Los juzgados Primero Administrativo Mixto y Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha anularon el Decreto 137 y la Resolución 2263, expedidos el 27 de diciembre de 2023 por la entonces administración distrital, al considerar que no se acreditó una motivación válida ni estudios técnicos suficientes para justificar la supresión de los cargos ocupados por servidores de carrera administrativa.
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Magdaniel Peralta señaló que las sentencias, que ya se encuentran ejecutoriadas, ordenan expresamente el reintegro y el pago de los derechos laborales dejados de percibir. Sin embargo, sostuvo que el Instituto de Tránsito no ha dado cumplimiento a dichas decisiones judiciales.
Asimismo, expresó su preocupación por la situación jurídica derivada de la anulación de los actos administrativos que modificaron la planta de personal, al señalar que desconoce bajo qué fundamento legal continúan vinculados quienes actualmente ocupan esos cargos.
Durante la entrevista, el exfuncionario hizo un llamado al alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, para que intervenga en el caso, al considerar que se trata de una situación heredada de la administración anterior y que su eventual incumplimiento podría generar consecuencias jurídicas y económicas tanto para el Instramd como para el Distrito.
Finalmente, insistió en que las sentencias quedaron en firme desde enero de 2026 y sostuvo que el caso pudo resolverse meses atrás si las órdenes judiciales hubieran sido atendidas oportunamente.
