Al término de la sesión técnica de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, el magistrado que la presidió, José Fernando Reyes Cuartas, informó que estarán solicitando la intervención directa de la Fiscalía General de la Nación, para investigar los recursos económicos que se han invertido en el desarrollo de su implementación.
En el desarrollo de la audiencia, de acuerdo con los informes presentados por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, quedó claro los pocos avances de la implementación de la sentencia, debido entre otras razones a la desarticulación de las entidades responsables de hacerla posible.
Así lo confirmó el magistrado Reyes Cuartas, quien presidió la sesión técnica al recordar que el mecanismo especial de seguimiento no arranca, que es la columna vertebral de la sentencia, porque la Corte no tiene la misión de hacer que las autoridades cumplan sus funciones.
Cabe recordar que la Sentencia T-302 de 2017, declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales de la niñez wayuú en La Guajira.
El magistrado José Fernando Reyes Cuartas expresó que una sentencia no significa en sí misma casi nada, su auténtico valor depende de su capacidad de ayudar, a transformar la realidad.
“Algunas voces dicen aquí hoy, que hay progresos otras dicen que por aquí la sentencia no ha llegado”, dijo.
Precisó que la sesión es un insumo fundamental para mediar la cantidad y la calidad del cumplimiento de la T-302.
Sostuvo que existe una Corte sensible con las carencias y con las deficiencias de acceso, y que los 30 años de la Corte Constitucional dan cuenta de la disposición de esta a su constante trabajo sin pausa de los derechos fundamentales.
“Nos comprometemos como lo pidió el viceprocurador, al diseño de un modelo de seguimiento especial, es decir esto es diferente de la sentencia de salud, de desplazados y, para ello el establecimiento de unos objetivos, indicadores, y resultados, a partir del esclarecimiento de las autoridades y de las personas responsables”, manifestó.
En ese sentido, el magistrado expresó que en la sala determinarán qué le corresponde a quién y cómo lo está haciendo.
Agregó que es importante detectar dónde están los bloqueos que retrasan de alguna manera el cumplimiento del fallo.
Mostró su preocupación, porque el mecanismo especial de seguimiento no arranca, que es la columna vertebral de la sentencia, porque la Corte no tiene la misión de hacer que las autoridades cumplan sus funciones.
“Nosotros somos jueces y eso deben tenerlo claro tanto las autoridades ancestrales, las autoridades de las comunidades wayuu, y las autoridades públicas, esas no son las tareas de la Corte, nosotros somos jueces”, recordó.
Precisó que el seguimiento al giro y aplicación de los recursos, se implorará otra vez un trabajo inclusive si se quiere con alguna destinación específica de la procuradora, del fiscal, del contralor y la Defensoría del Pueblo, que es un instrumento necesario como una voz dentro del poder, un contrapoder dentro del poder.
Puntualizó que el informe que entregó la Procuraduría y la Defensoría es bastante sintomático del estado de cosas, porque informan que hay bastante desarticulación entre las entidades, el programa Guajira Azul no es una solución definitiva, no hay un inventario de los recursos hídricos, las soluciones de agua son parciales y su sostenibilidad no está garantizada.
“Esto es muy importante, lo de la sostenibilidad y en eso hizo énfasis el viceministro de Agua, José Luis Acero, no nos ganamos nada con haber hecho unas pilas, no sé cuántas al final no hemos sabido cuántas, pero lo que está claro es que si su sostenibilidad está en veremos pues pasado mañana no tenemos el poquito de agua o la mucha agua que esté llegando”, afirmó.
Agregó que si no existe un compromiso con las pilas públicas, seguramente se va a fracasar pronto, y que los equipos extramurales en los temas de salud no funcionan, no hay personal especializado, no hay suficiente talento humano, hay problemas de transporte en los pacientes, es decir, todo el inventario que informó la Defensoría es muy importante porque está mostrando que todo está funcionando muy deficientemente.
“Esta sala, en compañía de mis colegas magistrados, vamos a implorar la participación directa con una destinación específica de funcionarios de la Procuraduría y sobre todo de la fiscalía porque aquí hay un tema de recursos”, advirtió.
Reyes Cuartas añadió que es necesario establecer que está pasando con los recursos públicos, saber dónde están, quién es el responsable de eso que está pasando y si su participación es directa.
Asimismo, manifestó que la Corte es la última esperanza de quienes no tienen voz, razón por la cual esperan no defraudara los niños y niñas wayuu protegidas por la Sentencia T-302 de 2017.
“Personalmente me comprometo a que daremos muchos pasos hacia adelante y, no sólo un paso hacia adelante, esas comunidades que nos ven hoy no podemos fallarles”, agregó.
Señaló, además, que la sesión se realizó con un especial énfasis en el tema del agua, porque el viceministro José Luis Acero, fue insistente en mostrar sus avances, en lo que se ha hecho.
Expresó que se realizará una sesión de un empalme con el nuevo gobierno, para poner los puntos claros de que son jueces que están hechos para imponer la voz de la constitución, inclusive contra la voluntad de quienes no quisieron cumplirlo pero la sentencia tiene que avanzar, es muy grave y, que en todo caso lo poco o lo mucho que se haya hecho en una incertidumbre sobre su sostenibilidad genera más preocupación.
“En nombre de la sala, tenemos un compromiso serio, lo tiene la actual presidente de la Corte, ha logrado recursos públicos para personas que trabajen solo la implementación de la sentencia, ojalá no lo defraudemos o por lo menos que no sea mucho, porque a veces las cosas conspiran para que salgan mal no quisiéramos que fuera así, yo quisiera que las noticias de la Corte fueran buenas, vamos a seguir respirando muy cerca de quienes tienen responsabilidades públicas en esto y nos vamos a aliar con la Fiscalía General, con los organismos públicos para que los dineros logren su cometido, no se pierdan en el camino, que si alguien se extravía tengan que responder ante nosotros y su propia comunidad”, manifestó.
