La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) negó la licencia ambiental solicitada por la empresa Best Coal Company S.A.S. para el desarrollo del Proyecto Minero Cañaverales, que pretendía ejecutarse en jurisdicción de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, al sur del departamento .
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución No. 3425 del 26 de diciembre de 2025, luego de un trámite administrativo que incluyó la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), visitas técnicas de verificación en campo, conceptos de entidades especializadas como el IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Alexander Von Humboldt, así como la realización de una Audiencia Pública Ambiental con participación ciudadana .
De acuerdo con el acto administrativo, el grupo técnico evaluador de Corpoguajira concluyó que el proyecto no es ambientalmente viable, al advertir riesgos significativos sobre los componentes abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia, además de la superposición con determinantes ambientales relevantes del territorio .
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El impacto ambiental
La autoridad ambiental determinó también que el proyecto generaría un alto impacto ambiental y presenta superposición sobre zonas con objetivos de conservación y protección de los recursos naturales renovables, contempladas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Ranchería .
En el análisis se tuvo en cuenta que el Manantial de Cañaverales es un ecosistema estratégico y un nacimiento de agua que abastece el consumo humano y doméstico de la población local, protegido por el artículo 79 de la Constitución Política y bajo la figura de Reserva Forestal Protectora mediante el Acuerdo No. 014 del 17 de mayo de 2012 expedido por Corpoguajira .
Uno de los aspectos centrales evaluados fue la situación relacionada con la consulta previa a comunidades negras, proceso que ha estado marcado por actuaciones judiciales, tutelas y órdenes de distintos despachos judiciales, sin que se lograra consolidar un escenario que garantizara plenamente los derechos de participación de las comunidades potencialmente afectadas .
Durante el trámite, Corpoguajira reconoció como terceros intervinientes a consejos comunitarios, organizaciones sociales, académicas, ambientales y ciudadanos, quienes manifestaron preocupaciones sobre los impactos del proyecto en el agua, la biodiversidad, el territorio y los medios de vida locales, tanto en una reunión informativa como en una audiencia pública realizadas en el municipio de San Juan del Cesar .
La corporación precisó que, aunque el solicitante cumplió formalmente con los requisitos documentales exigidos por el Decreto 1076 de 2015, el análisis integral del EIA y de los insumos técnicos y sociales recopilados no permitió concluir que el proyecto garantizara un manejo ambiental adecuado ni que los impactos identificados pudieran ser prevenidos, mitigados o compensados de manera suficiente .
