Veinticuatro obras entre inconclusas, críticas y ‘elefantes blancos’ en La Guajira, referenció la Contraloría General de la República, gerencia Guajira, en el marco de la rendición de cuentas de la entidad para este 2020, en las que se han invertido $808.303.106.340,99.
Los recursos invertidos en las obras consideradas como ‘elefantes blancos’, suma $41.211.371.997,00; en obras inconclusas $581.094.195.231,99; y en estado crítico $99.184.529.556,00.
En ese sentido, la entidad expresó que la caracterización de las obras, es el resultado de un trabajo que les ha permitido poner la lupa en proyectos millonarios en cuantías que hoy no disfrutan las comunidades.
Recuerda la construcción y puesta en marcha del sistema integral de acueducto y abastecimiento de agua potable del acueducto de Camarones, el cual tuvo un costo de $12.102.990.574, y al que la Unidad de Regalías le adelantó Actuación Especial de Fiscalización en el primer semestre del 2020, dando como resultado 4 hallazgos fiscales, por cuantía de $13.100 millones, al igual que hallazgos disciplinarios y penales.
‘Compromiso Colombia’
Los proyectos gestionados por la gerencia de la CGR en La Guajira, en el marco de la Estrategia de Control Fiscal Participativo ‘Compromiso Colombia’, fueron seleccionados de los contratos que fueron caracterizados en el diagnóstico de obras inconclusas, proyectos críticos y ‘elefantes blancos’.
Hay instalados cuatro mesas de obras inconclusas en La Guajira, así: construcción de 300 viviendas nuevas en la urbanización Marina Esperanza en Maicao; Institución Educativa Remedios Solano de Barrancas; dotación de comedores escolares en instituciones educativas y centros educativos rurales en Uribia; construcción del Parador Turístico de Cuatro Vías en Maicao.
En cuanto a la problemática del acueducto de Camarones, después de una visita realizada por el contralor Carlos Felipe Córdoba, se avanza en el desarrollo de acuerdos para poner en funcionamiento la obra.
La Contraloría General, gerencia Guajira, informó de casos que tienen que ver con procesos de responsabilidad fiscal como irregularidades en la ejecución del contrato 112 de 2009, cuyo objeto fue ‘Estudios, diseño, construcción y mantenimiento y optimización de microacueductos, pozos artesianos, molinos de viento y construcción de viviendas típicas wayuú en comunidades del resguardo indígena de Manaure’, adicionalmente se le debía al contratista el pago de AIU del acta No. 01, $1.113 millones.
El otro caso se refiere a una actuación fiscal a las cuentas donde se manejan los recursos del SGP educación en las entidades bancarias del Banco de Occidente y AV Villas de Riohacha los cuales fueron desviados y sustraídos en $1.254 millones.
Se determinó que su gestión no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública, ya que se evidenciaron irregularidades en contrato No. 374 de 2013; objeto: «Interventoría técnica administrativa y financiera a la ejecución de los proyectos de apoyo a la cobertura educativa a través de los programas de alimentación y transporte escolar y al fortalecimiento; suscrito en marco del proyecto BPIN 2013-0000-200-15 que generaron un detrimento de $4.128 millones.
Se especifica en el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que como resultado de la actuación fiscal, se determinó que su gestión no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública, ya que se evidenciaron irregularidades en la ejecución del contrato de aporte No. 048 de 2016 suscrito el 30 de enero de 2016, con el objeto de atender a la primera infancia en el marco de la estrategia de ‘Cero a Siempre’ en Dibulla, en cuantía de $1.585 millones.
En Uribia, la situación tiene que ver con la Terminal de Transporte, y se determinó que su gestión no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública y se evidenciaron irregularidades en la ejecución del Contrato No. 247 de 2013 suscrito en marco de la ejecución del proyecto.
