Desde el día viernes se vienen presentando protestas pacíficas a las afueras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por parte de operadores, madres comunitarias, trabajadores y padres de familia.
Los manifestantes están preocupados debido a que van dos meses de iniciar el año 2024 y aún no se ha dado solución para la firma de los contratos que les permitan atender a la población infantil en La Guajira.
En las últimas horas se llevó a cabo una reunión con algunos delegados de los manifestantes, en la que se llegaron a algunos acuerdos para iniciar la próxima semana con mesas de diálogo que permitan darle continuidad a la atención de la primera infancia en el Departamento, no obstante, los manifestantes expresaron que aún no ven las cosas claras para iniciar con los programas.
Es importante destacar que la directora nacional del Icbf, Astrid Cáceres, denunció a través de su cuenta de X que se encontró corrupción dentro de la entidad: “Se encontró que 220 contratos estaban en manos de 59 operadores que tenían en común varias características: mismo representante legal, dirección de domicilio, características en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance”.
De esta manera, el Icbf informó en las últimas horas que ha diseñado un plan de transformación para democratizar la contratación. Según la entidad, las comunidades serán las encargadas de garantizar que los recursos estén dirigidos exclusivamente al cuidado de la niñez.
Sin embargo, los manifestantes expresaron que no ven una solución a corto plazo para poder iniciar con la atención a los niños y niñas de La Guajira, además, se preguntan qué va a pasar con los recursos que se tuvieron que asignar para los meses de enero y febrero, ya que no hay garantías en el proceso para las contrataciones.