En solo siete días se han registrado tres intimidaciones a líderes wayuú de La Guajira, entre ellos Débora Barros Fince, Leonor Viloria y Armando Valbuena.
La más reciente fue al líder wayuú manaurero y miembro de la Onic, Armando Valbuena, quien informó de las amenazas que recibió por medio de sus redes sociales.
“Hago pública las amenazas de muerte contra mí y mi familia, las cuales dejaron en la puerta de la casa de mi familia en el municipio de Manaure”, afirmó Armando Valbuena en su red social Twitter.
De inmediato la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–, rechazó las amenazas de muerte contra uno de sus miembros.
“Desde la Onic de Colombia rechazamos amenazas de muerte en contra del líder wayuú y maestro de la sabiduría Armando Valbuena.
Además, exigen al Gobierno de Iván Duque investigación urgente ante esto y protección para él y su familia. Sin embargo, revelaron que “confirmamos que la amenaza va dirigida a uno de los hijos del líder indígena Armando Valbuena y a su familia. Exigimos que el Gobierno de Duque realice la investigación sobre estas amenazas de muerte”, aseveró la Onic.
Asimismo, el movimiento Mais se pronunció sobre el caso. “Rechazo total a las amenazas contra el líder de nuestro pueblo wayuú Armando Valbuena, fundador y militante de Movimiento Mais. Solicitamos a la Fiscalía investigar quiénes están detrás de este actuar cobarde contra nuestra gente”, afirmó Martha Peralta Epinayú, presidenta nacional del Movimiento Mais.
Cabe indicar que la amenaza de muerte tiene como mensaje ser de la organización ‘Águilas Negras’, donde declaran objetivo militar a Armando Valbuena y a su familia, además le dan 72 horas para que abandone su vivienda en Manaure.
A esa amenaza de muerte se suman la de Débora Barros Fince, el pasado domingo en su residencia en Riohacha, cuando sujetos fuertemente armados la intentaron asesinar, pero la líder se resguardó y logró salir ilesa.
También la líder Leonor Viloria, quien fue perseguida por un vehículo cuando se movilizaba por la capital guajira.
Se conoció que Débora Barros y Leonor Viloria participaron de una protesta en el Icbf la semana anterior. Pero no sabemos si Armando Valbuena tiene relación con este mismo caso. Lo cierto es que ya la Fiscalía y la Policía Nacional adelantan las correspondientes investigaciones”, aseveró una fuente que pidió reserva de su identidad.
Ambas mujeres vienen apoyando las protestas sociales de sus comunidades, que tienen que ver con los programas que desarrolla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, exigiendo conocer la forma cómo se escogen a los operadores, y la implementación de un enfoque diferencial.
También vienen denunciado el desplazamiento de las familias indígenas en varias zonas de La Guajira, lo que ha generado una serie de conflictos que requiere la intervención de la administración departamental y del Ministerio del Interior.
La situación es calificada como “delicada” por las lideresas, quienes siguen en su lucha social, pero con los miedos propios del ser humano, pero también con la entereza para no dejarse intimidar.
La abogada Leonor Viloria recordó que el año pasado fueron asesinados dos líderes sociales: Raúl Antonio Paz Jusayú, el 28 de noviembre en la vía Valledupar, y Luis Guillermo Pana, el 19 de diciembre de 2018.
“Dos meses, dos asesinatos, y desde mayo anterior las amenazas y hostigamiento, esto es preocupante”, dijo.
Expresó que las amenazas contra ella tienen que ver con el proceso de acompañamiento a la defensa territorial en Riohacha y otros, y ahora últimamente que participó acompañando en el proceso de defensa ante el Icbf.
La defensora
Soraya Escobar Arregocés, defensora del Pueblo Regional Guajira, calificó como delicada la situación de los líderes sociales que vienen siendo objeto de amenazas e intimidaciones toda vez que alteran su diario vivir.
Aseguró que el tema pasó a manos del defensor del Pueblo, quien ha solicitado a las autoridades competentes garantías de protección para los líderes sociales de La Guajira
La defensora del Pueblo dijo que formalmente se ha solicitado a la Subdirección de Protección que se evalué nuevamente el nivel de riesgo de las lideresas Débora Barros y Leonor Viloria, para que se tomen las medidas que sean necesarias para protegerlas.
Cabe recordar que de acuerdo a las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, 431 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.
El Ministerio Público confirmó que en el 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo convocará para el próximo 21 de febrero en Bogotá una Audiencia Defensorial en la que se hará la actualización de los escenarios de riesgo que enfrentan estos activistas y se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes sociales, así como en el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas desde hace varios años.
El objetivo es impulsar, de manera determinante, la protección de los derechos de quienes representan a las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD. HH.: eso es lo que ha sucedido”, comentó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.
En el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas –SAT– también se encontró que de los crímenes ocurridos en 27 departamentos, se cometieron más en Cauca (35); Antioquia (24); Norte de Santander (18); Valle del Cauca (14); Caquetá (11); Putumayo (11); Meta (10); Nariño (7); Chocó (6); Arauca (5) y Córdoba (5).
En cuanto a los municipios, los 30 con mayor número de homicidios corresponden igualmente a los departamentos con más altos niveles de ocurrencia de esta violación a los derechos humanos, entre ellos Corinto (Cauca), con 16 casos; Caloto (Cauca), 13; Tumaco (Nariño), 12, y Riosucio (Chocó), 9.
Al consolidar los casos de 2018, la entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo verificó siete homicidios de líderes sociales en los primeros 8 días del año 2019, en Cauca (2), Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Caquetá y Norte de Santander.
