La Sección Primera del Consejo de Estado con ponencia de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón confirmó la sentencia de acción popular proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira instaurada por los procuradores César Valencia Villamizar y Edwin José López Fuentes, en su calidad de Procurador 12 Judicial II Agrario y Ambiental y Procurador 91 Judicial I Para Asuntos Administrativos de Riohacha, respectivamente.
Se precisa que en el ordinal primero el fallo modifica el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, protegiendo, además de los derechos colectivos invocados, como la defensa del patrimonio público, el derecho al agua potable vulnerados por la ADR.
En el segundo ordinal modifica el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, que ordenaba a la ADR el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas en virtud de la licencia ambiental, por la orden de conformar una Mesa Técnica de Trabajo integrada por el Departamento Nacional de Planeación; la Gobernación de La Guajira; la Corporación Autónoma Regional de La Guajira y los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, Minas y Energía y del Interior, con el fin de ejecutar las gestiones interinstitucionales proyectadas en el documento ‘Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería’.
Ordena, además, llevar a cabo de manera coordinada con las autoridades que conforman la Mesa Técnica de Trabajo las gestiones necesarias para finalizar el proyecto, según las proyecciones elaboradas por esa entidad en dicha Hoja de Ruta.
En el caso concreto, frente al cargo en apelación del cumplimiento de la licencia ambiental otorgada al Proyecto Río Ranchería, advierte la Sección Primera que la ADR pretendió justificar los incumplimientos bajo el pretexto de la necesidad de que la autoridad ambiental efectúe un cierre de acciones o actividades para definir qué aspectos cumplió el anterior licenciatario y cuáles le correspondería a la ADR, postura que le resultó inadmisible, no solo porque consta en el expediente que la información que exige le ha sido puesta de presente por Corpoguajira mediante informes de seguimiento, sino porque, además, se encuentra en curso un proceso sancionatorio ambiental en el que debe responder por dichos asuntos conforme a las presuntas infracciones ambientales en las que ha incurrido con la conducta omisiva que reiteró en esa instancia judicial.
Frente a la defensa de la exigibilidad de las obligaciones de la licencia ambiental, a partir de la sucesión de la ADR, enfatizó el fallo que el cumplimiento de las obligaciones de la licencia no estaba supeditada a actuaciones por parte de la autoridad ambiental, por cuanto lo que correspondía a la ADR era allanarse a lo pactado en dicho acto, en las mismas condiciones en que recibió la cesión.
En cuanto a la responsabilidad de la ADR en la vulneración del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos concluyó la decisión que la citada entidad no afectó dicho derecho, sino el derecho colectivo al agua potable, debido a que dentro de sus objetivos misionales no se encuentra el de la prestación de servicios públicos y, principalmente, porque el objeto de la acción se relaciona con la necesidad de acceso al recurso hídrico, que estaría garantizado con la culminación definitiva del megaproyecto del río Ranchería.
Sobre la responsabilidad de la ADR en cuanto a los compromisos señalados en el documento Conpes 3926/18, del análisis de lo consignado por dicha entidad en la hoja de ruta, se desprende que existe un cumplimiento parcial de los lineamientos. Sin embargo, destaca el fallo que la finalidad de la elaboración de la mentada hoja de ruta no era solamente que la agencia enlistara acciones y estableciera plazos, sino obtener la culminación progresiva de los proyectos de importancia estratégica que fue planteada por el Consejo Nacional en el marco de la política orientada al desarrollo de la adecuación de tierras como instrumento de la productividad y competitividad agropecuaria del país.
Con todo, encontró la Sala de decisión que para llevar a cabo los cometidos se hace necesario ordenar la conformación de una Mesa Técnica de Trabajo con participación de todas las entidades mencionadas en la hoja de ruta elaborada por la ADR, a fin de llevar a cabo las gestiones interinstitucionales, ambientales, judiciales, sociales y prediales, que permitan alcanzar de una vez por todas los propósitos del Megaproyecto de Represa Río Ranchería planteados desde hace más de 15 años.
En cuanto al proceso administrativo sancionatorio seguido por Corpoguajira y su calidad de prueba en el proceso judicial, se precisó que uno es el procedimiento sancionatorio ambiental y otro el medio de control de protección de los derechos colectivos. Es decir, se determinó que no le asistía razón a la recurrente al señalar que el Tribunal le dio un alcance probatorio equivocado a la investigación ambiental, pues de ella encontró probado lo único que era posible derivar, esto es, el incumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental.
