Las comunidades wayuú asentadas en la zona rural del Distrito de Riohacha, convocaron para este 15 de enero una movilización general en señal de protesta pacífica para rechazar los desalojos que se han presentado desde finales del año 2023 e inicio de este 2024.
La convocatoria apoyada por el Movimiento Social Sumainwayuu, la realizan bajo el lema “Por la defensa de los territorios ancestrales”.
Explicaron que la movilización también tiene como objetivo exigir la presencia del presidente Gustavo Petr y del Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para la instalación de una mesa nacional de alto nivel, “que frene estos atropellos en contra del pueblo wayuú y dé solución a este conflicto que atenta, también, contra el proceso de paz”.
Según lo manifestado por Sumainwayuu, en una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio del Interior, se suscribió el acta de acuerdos del 16 de diciembre, de 2022, donde logran suspensión de desalojos: radicado 2022-2-002102-028188 Id: 56422, Folios: 2 Fecha: 2022-12-20; 09:56:12, del Ministerio del Interior, “solicitud de suspensión de materialización de desalojos dentro de querellas de policía con población de especial protección constitucional”.
Es así que el Ministerio del Interior el 23 de febrero de 2023, en Riohacha, da líneas jurídicas para el tratamiento de conflictos por los territorios ancestrales entre el pueblo wayuú y terceros. A esta decisión se sumó el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Tierras.
“Pero la administración municipal desatendió las órdenes del Ministerio del Interior y procedió a desatar los desalojos de la Comunidad Wayucaso, Tuc Tuc, Santa Clara, Potrerito, entre otras”, afirman.
“El Ministerio del Interior reitera la solicitud de intervención, dado que se nos ha informado que se siguen adelantando procedimientos de desalojo por parte de la Inspección de Policía de Riohacha, desconociendo las concertaciones adelantadas por las instituciones, situación que no solo pone en riesgo inminente a la población indígena, especialmente a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores asentados en los territorios en disputa”, señalan.
De esta manera y valiéndose de todas estas informaciones presentadas por el mismo Ministerio del Interior, se han visto en la necesidad de hacer la movilización para que sean escuchados y que sus derechos no continúen siendo vulnerados por ser comunidades vulnerables y que requieren de un trato diferente en cuanto a la defensa de los territorios.
