En un comunicado a la opinión pública firmado por autoridades tradicionales wayuú y cabildo gobernadores del Sur de La Guajira, dejan sentada su posición referente a que se encuentran en desacuerdo con el paro que comunidades indígenas adelantan desde la madrugada de este lunes, en las vías del Departamento.
En ese contexto, afirman que bajo su estatus de autoridades, cabildos y líderes de los diferentes resguardos indígenas asentados en los municipios de Barrancas, Distracción y Hatonuevo, recriminan “el irregular procedimiento adoptado por los promotores del paro” que hoy bloquean las carreteras.
“Nos permitimos indicar que dicho paro no cuenta con el respaldo de la mayoría de nosotros como representantes legítimos de los diferentes territorios wayuú del sur de La Guajira. Ante todo, queremos dejar plenamente aclarado y establecido que somos respetuosos de formas de exteriorizar la problemática que enfrentan los hermanos wayuú, asentados en los municipios con medida de atención de acuerdo a la Sentencia T-302 de 2017, que hasta el momento no hay acciones claras que frenen las cifras de niños muertos por causas asociadas a la desnutrición en la Alta Guajira, según la delimitación del territorio wayuú del Departamento”, expresaron.
De igual forma, expusieron que “es preocupante que la señora Lina Carolina Pérez Pushaina y Jhon Jairo Salinas, han venido utilizando estrategias inconsultas promoviendo y materializando un bloqueo en la vía nacional, solo con el propósito de satisfacer sus intereses presionando para contratar los programas del Icbf, sin contar con el beneplácito de las autoridades indígenas y comunidad en general”.
Y agregaron que “esta alianza es nociva para la unidad wayuú en nuestros territorios. Hacen parte de la comunidad El Paraíso y resguardo Caicemapa donde han provocado divisiones internas, queriendo trasladarla a los demás resguardos del Sur de La Guajira”.
Hicieron un llamado de atención a Lina Pérez gerente de la Cooperativa Cariwaa que distribuye el combustible en La Guajira, “no ingerir en los propósitos de las comunidades indígenas”
Concluyeron que “los acuerdos a que se lleguen son ilegítimos, ya que van en contravía de los intereses comunitarios”.
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