Las asociaciones de autoridades tradicionales, cabildos gobernadores y autoridades tradicionales, no son originarias de la forma de organización del pueblo wayuú, sino que fueron creados por el Estado en un intento de poder relacionarse con la etnia ante una realidad fáctica.
Pese a dichos intentos, aún no tienen una forma de organización estructurada que les permita interactuar con el resto de la sociedad colombiana y con el Estado, como sí lo tienen los pueblos de la Sierra Nevada u otras etnias del país.
La sociedad wayuú está atomizada en miles de pequeñas organizaciones denominadas rancherías o comunidades, bajo el mando de una autoridad tradicional, algunas naturales, otras elegidas; algunas con territorios propios, otras ocupando territorios ajenos o todo en un mismo espacio.
La finalidad de estas figuras nuevas (asociaciones, cabildos y autoridades tradicionales) en el “ordenamiento wayuú” es facilitar el uso de la “palabra”, que lleva a los procesos de la “concertación” como mecanismos para poder interactuar con una sociedad extremadamente dispersa en un territorio de más de 15.134 km2 (que comprende los municipios de Uribia, Manaure, Maicao, Albania y Riohacha donde se ubica el resguardo más grande de la Media y Alta Guajira.
También fue un intento fallido para generar gobernanzas, es decir, para estimular la creación de gobiernos propios al interior de los territorios.
En la práctica, estas figuras han conllevado a la atomización de las formas de organización de los wayuú, donde cada comunidad o ranchería, tiene una autoridad tradicional propia, algunas con conflictos internos sobre esta figura.
La idea de las figuras de las asociaciones de autoridades tradicionales o cabildos gobernadores, era que estas rancherías se agruparan para generar unas unidades territoriales más grandes y que trabajaran en forma unificada en el logro de objetivos comunes (formando así estructuras de gobiernos propios), lo que aún no ha ocurrido.
Cabe anotar que las asociaciones y cabildos se han estructurado más como organizaciones no gubernamentales, en pos de lograr acceder a recursos del Estado o del sector privado, incluso internacionales, para el desarrollo o satisfacción de necesidades o intereses coyunturales (algunas de alto impacto, otras no tanto), pero ninguna hasta la fecha orientada a generar organización, desarrollo y control de los territorios, que pudieran desembocar en la estructuración final de la figura de “Entidades Territoriales Indígenas”, como figura de división política y administrativa del Estado, con capacidad de gobernarse a sí misma.
En la práctica se ha visto la creación de asociaciones de autoridades tradicionales o cabildos gobernadores, donde muchos ni siquiera tienen unidad territorial. Es decir, sus miembros (comunidades o rancherías con sus respectiva autoridad tradicional), no tiene continuidad territorial, sino que están conformadas por comunidades dispersas, a veces incluso ubicadas en varios municipios, lo que va en contra de lo que se quería inicialmente: homogeneizar y darle orden a los territorios.
Lo único cierto de todos estos procesos, es que mientras los wayuú no generen gobernanzas que les permitan planificar el desarrollo de sus territorios y comunidades, las crisis históricas se seguirán repitiendo.
Pronunciamiento de la Corte
Estas observaciones tienen como fundamento el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional al responder una acción de tutela interpuesta por 65 comunidades wayuú, que alertaron que el Ministerio del Interior les impedía afiliarse a la asociación de autoridades tradicionales indígenas Shipia Wayuú.
En el fallo, los magistrados ordenaron al Ministerio del Interior realizar un estudio etnológico del pueblo indígena para conocer sus formas de organización política y social que servirá para desarrollar un proyecto de reglamentación para el registro de sus grupos sociales, autoridades ancestrales y las asociaciones de autoridades.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la supervivencia, identidad cultural, autonomía y asociación de 63 comunidades indígenas accionantes y del pueblo indígena wayuú.
Expresan, además, que las solicitudes presentadas por las comunidades citadas, para el ejercicio de su derecho de asociación deberán ser analizadas conforme a las particularidades del pueblo indígena wayuú, además de las consideraciones expuestas en el fallo de tutela sobre sus usos y costumbres.
También deberá establecer los impactos culturales y sociales en el pueblo wayuú generados por la aplicación de las reglas vigentes sobre el registro de grupos étnicos, autoridades tradicionales y asociaciones de cabildos y autoridades.
MinInterior debe diseñar un procedimiento específico para el registro de los grupos sociales wayuú, sus autoridades ancestrales y las asociaciones de autoridades.
En ese sentido, el Ministerio tendrá que convocar al pueblo indígena wayuú para adelantar un proceso de consulta del procedimiento para el diseño y ajuste de las medidas necesarias para el registro en las bases de datos oficiales que se constituya en una herramienta que facilite el ejercicio de los derechos del pueblo wayuú.
