El alcalde del Distrito de Riohacha, Genaro Redondo, solicitó formalmente a la Juez Tercero Penal municipal con funciones de control de garantías, Nohemi Lozano Barrera, valorar algunas consideraciones frente a un incidente de desacato de una acción de tutela que le ordenó el desalojo de varias familias wayuú ubicadas en un lote privado que reclama la señora Manuela Rodríguez Mindiola.
El mandatario, pidió que se aplazara el desalojo con el fin de seguir buscando mecanismos para atender a las familias que también reclaman un trato digno.
Por ello pidió se le otorgue el término establecido en el decreto de calamidad pública del 23 de octubre de 2024 al 23 de abril de 2025, para avanzar en el tema, como ubicar un nuevo predio con el ánimo de reubicar a las familias que se encuentran en el predio objeto de pleito. Además, para atender sus situaciones de calamidad por variabilidad climática.
Así como también realizar dentro del primer trimestre de 2025 una nueva caracterización e identificación de las personas que se encuentran en el citado predio.
Puntualiza, que una vez cesen los efectos del decreto de calamidad pública, procederá a realizar el desalojo de manera pacífica del predio denominado ‘Las Cabeceras’, ubicado en el paraje La Laguna de propiedad de la accionante.
“Nuestra voluntad como Administración Distrital, es lograr satisfacer el goce efectivo del derecho fundamental que fue amparado por la jueza, por lo que reitera que tenga en cuenta nuestra solicitud”, dijo.
En ese mismo sentido, reiteró que como administración no busca desconocer las disposiciones judiciales que juramentó cumplir la constitución, las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales, simplemente que el contenido de dicho mandato judicial en estos momentos es materialmente imposible cumplir entendiendo que en el centro del nuevo constitucionalismo, se encuentra la dignidad humana.