La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a seis personas —entre ellas exfuncionarios públicos, miembros del Ejército y un contratista— por su presunta participación en graves irregularidades durante la ejecución de un contrato de suministro de alimentos destinado a personal militar en el departamento del Cesar.
Los implicados son William Díaz Bazza, exsecretario de Gobierno de La Jagua de Ibirico; Carlos Borrego Daza, exjefe de contratación del mismo municipio; los tenientes coroneles del Batallón Energético y Vial No. 2, David Franco Durán y Bernardo Antonio Rozzo; el sargento viceprimero Ricardo García Deiber; y el contratista Alfonso Rodríguez Quiñonez.
El contrato en cuestión fue celebrado el 14 de junio de 2022 por un valor de 100 millones de pesos. Las investigaciones revelaron que se habrían omitido requisitos legales esenciales como estudios previos, análisis de mercado y pluralidad de oferentes, lo que habría direccionado el proceso a un único contratista. Además, se detectó que no hubo supervisión oficial y se firmaron actas de cumplimiento con registros falsos.
Entre las irregularidades más graves se encuentra la inclusión en las planillas de entrega de alimentos a soldados que se encontraban en vacaciones, licencias o permisos, dejando en evidencia una presunta falsedad documental. A pesar de esto, el contrato fue pagado, terminado y liquidado, sin que se cumplieran las condiciones pactadas.
Las capturas de los investigados se llevaron a cabo en Bogotá, Bucaramanga, Popayán y La Jagua de Ibirico, gracias a una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército. Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanzan los procesos judiciales.
La Fiscalía imputó a los señalados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.
