Una protesta originada por el mal estado del servicio de transporte escolar en la zona rural de Riohacha ha desencadenado una grave afectación en el suministro de agua potable para la ciudad. Así lo informó este miércoles 12 de junio la empresa Aqualia, encargada del acueducto en la capital guajira, tras denunciar un bloqueo en el punto de captación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), infraestructura clave para abastecer a los habitantes del municipio.
Según el reporte de la empresa, el cierre del paso en la zona de captación ha interrumpido por completo el ingreso de agua cruda a la planta, lo que obligó a detener su operación. Esta situación ha generado bajas presiones en el sistema de distribución y pone en riesgo la infraestructura de la red por la acumulación de aire, lo que podría derivar en daños adicionales si no se restablece el flujo de manera oportuna.
Aunque la protesta está relacionada con deficiencias en el transporte escolar rural (tema ajeno a la gestión de Aqualia), sus consecuencias están afectando directamente el acceso al agua de miles de familias riohacheras. “Rechazamos este tipo de acciones que comprometen el acceso a un derecho fundamental como lo es el agua potable”, señaló la empresa en un comunicado oficial.
Aqualia también afirmó que se mantiene en comunicación constante con las autoridades locales y hace un llamado urgente al diálogo para resolver la situación de forma pacífica, con el fin de evitar una emergencia sanitaria por la falta del servicio. “Estamos atentos a las disposiciones de las autoridades para restablecer el funcionamiento de la planta y normalizar el suministro a la mayor brevedad posible”, añadió la empresa.
Mientras tanto, los habitantes de diferentes sectores de Riohacha ya reportan dificultades para acceder al agua, situación que podría agravarse si el bloqueo persiste. Organizaciones comunitarias y defensores del derecho al agua han solicitado que se priorice la resolución del conflicto, sin recurrir a medidas que afecten los servicios básicos de toda la población.
El hecho pone en evidencia la necesidad de atender de forma urgente las demandas sociales que se originan en la zona rural del municipio, así como de proteger infraestructuras críticas cuyo funcionamiento impacta directamente en la salud y calidad de vida de la ciudadanía.
