La capital del Cesar volvió a ser escenario de un hecho de violencia que ha generado consternación entre la ciudadanía. En horas de la tarde del viernes 3 de mayo, una mujer identificada como Verónica Patricia García fue asesinada por sicarios mientras se encontraba en una vía pública de Valledupar. Según los primeros reportes, los responsables del crimen se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en al menos tres oportunidades antes de huir del lugar a toda velocidad.
La comunidad que presenció el hecho actuó rápidamente para socorrer a la víctima, trasladándola a un centro asistencial cercano. Sin embargo, los esfuerzos médicos fueron en vano, ya que la gravedad de las heridas ocasionadas por los impactos de bala acabaron con su vida poco después de su ingreso.
Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables. La Policía Metropolitana de Valledupar está recopilando material de cámaras de seguridad en la zona y tomando testimonios de testigos presenciales para reconstruir lo sucedido y capturar a los autores del homicidio. Hasta el momento, no se ha revelado si Verónica había recibido amenazas o si existía alguna denuncia previa que pudiera dar pistas sobre los motivos del atentado.
Este nuevo caso ocurre en medio de una preocupante escalada de violencia contra las mujeres en el departamento. Según cifras oficiales, ya son 14 las mujeres asesinadas de forma violenta en lo que va del 2025 en seis municipios del Cesar. Lo alarmante es que tres de esos casos se han registrado solo en la última semana, lo que ha encendido las alertas de las autoridades locales y de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió recientemente en el municipio de Aguachica, donde una joven de 20 años, con ocho meses de embarazo, fue asesinada dentro de su vivienda mientras organizaba la ropa de su bebé. En el mismo ataque también fue asesinado su suegro. Este crimen causó una fuerte reacción pública debido a su brutalidad y al estado de gestación de la víctima, que ya tenía programada su cesárea.
Los casos registrados reflejan una grave problemática de seguridad y de violencia de género que afecta al departamento. Voces desde la sociedad civil exigen acciones contundentes, una respuesta efectiva por parte de las autoridades judiciales y el fortalecimiento de las medidas de protección a las mujeres en el territorio.








