No se trata de hechos aislados. La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene evidencia de que un puñado de sus funcionarios está involucrado en una red de venta de documentos de ciudadanía colombianas a batallones de extranjeros bajo sospecha y a delincuentes locales vinculados a bandas y guerrilla.
Entre la clientela también hay decenas de venezolanos que incluso podrían votar en las próximas elecciones y varios extranjeros, entre ellos potenciales terroristas, que tienen en alerta al Gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo a la investigación divulgada por el diario El Tiempo, el caso de El Emir Moulay Younes es uno de los que está bajo investigación penal.
En el municipio de Santa Rosalía, Vichada, con apenas 3.250 habitantes, dieron fe de que Moulay nació en un corregimiento cercano. Pero ya se comprobó que alguien en la Registraduría local alteró sus documentos.
Agentes federales también dieron aviso de que Hamei Atat Haisam, andaba con una cédula expedida en Galapa, Atlántico. Y la Registraduría descubrió que el supuesto testigo de su nacimiento en ese pueblo fue Samit Atat Martínez, alguien que ni siquiera existe.
Y en Roldanillo, Valle, convirtieron en colombianos al ciudadano español Inocencio Ortega y al italiano Giovanni Baldonio, cuyos antecedentes se verifican con la Interpol.
Una investigación de EL TIEMPO también encontró que miembros del ‘clan del Golfo’ y cabecillas del Eln y de las disidencias de las Farc han acudido a este red para obtener otra identidad.
Hace una semana fueron capturadas 20 personas, entre ellas varios registradores locales, por venta de cédulas originales a migrantes.
Para agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y para Migración Colombia es claro que una organización criminal trasnacional, con brazos en al menos 12 departamentos, está vendiendo paquetes completos de documentos colombianos –registro civil, cédula y pasaporte– por tarifas que alcanzan 20 millones de pesos por cabeza.
La plata, que se mueve por bancos europeos y de Miami, garantiza la entrega de la nueva identidad en cualquier país, incluidos Venezuela, Turquía, Irak, Libia, Siria y Palestina.
El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, le confirmó a EL TIEMPO la cifra de registros bajo sospecha. Pero también advirtió que, desde 2016, cuando recibió las primeras alertas, ordenó auditorías en varias de las 1.190 registradurías locales, con resultados concretos.
Tentáculos en San Juan del Cesar
En San Juan del Cesar, en donde no existen secretos, nadie sabe, cuándo y dónde nacieron Alí Hamie, Maxin Abbud, Elías Kallas, Azam Alrifai, Hausam Hamie y Lama Hamie, ciudadanos con características sirias, que no saben quien fue Diomedes Díaz, ni mucho menos, donde queda la ‘ventana marroncita’, pero que, extrañamente aparecen con un registro de nacimiento en la ‘tierra de compositores”.
“Al menos dos de esas personas (sirios de San Juan del Cesar) estarían vinculadas a grupos terroristas islámicos. El caso es de nuestro interés por existir indagaciones de la presencia de células de Hezbolá en Venezuela”, señaló un agente federal. Migración Colombia también tiene documentados decenas de casos de ciudadanos chinos que adquieren la ciudadanía colombiana echando mano de la red y de testigos falsos.
“No hay nada más peligroso para un país que no saber qué extranjeros tiene en su territorio. La falsedad documental no solo es un delito, sino que atenta contra la seguridad nacional. A la fecha hemos capturado a más de 40 personas implicadas en estas redes”, dijo el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.
De la investigación también hacen parte otras regiones del país. La red tendría tentáculos en Barranquilla, Magangué, Ciénaga, Soledad, Santo Tomás, Ponedera, San Juan Nepomuceno, Pivijay y San Juan del Cesar en la costa. Igualmente a Puerto Rondón, Puerto Berrío, Cubará, Dagua, Pradera y Cali en el Valle del Cauca.
La Registraduría confirmó que van 36 funcionarios denunciados penalmente por la propia entidad, además, hay suspendidos otros 28 mientras se adelantan las investigaciones.
