El juez 45 de Control de Garantías emitió orden de captura en contra de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, procesada por corrupción.
Al tomar la decisión, el juez se refirió a la gravedad de los hechos que investiga la Fiscalía, y que están relacionados con un contrato para siquiera Albania que inició costando $6.675 millones y con adiciones terminó costando $12.590 millones.
Pero el funcionario judicial, también tuvo en cuenta el riesgo que Pinto Pérez representa para el proceso, la sociedad y los testigos.
También, tuvo en cuenta los argumentos de la Fiscalía, que al pedir que la exmandataria regresara a prisión, aseguró que varios testigos en su contra han recibido amenazas e intimidaciones.
“Se habría intentando presionar a unos testigos para que no declararan, siendo indicativo de una obstrucción a la justicia pues existe un riesgo latente, quizás para el peligro para la comunidad pese a que ya no tiene la calidad de servidora pública se desconoce por parte de este despacho si ha sido sancionada disciplinariamente o puede aspirar a un cargo lo que representaría un peligro para la sociedad», dijo el juez, que advirtió que las conductas son
«graves y lesivas»
El juez hizo énfasis en el riesgo de fuga, asegurando que «fácilmente» Oneida Pinto, podría evadir la acción de la justicia, teniendo en cuenta la facilidad que tiene para moverse por la frontera.
«Este despacho encontró una constancia que indica que no se encontraba en su vivienda en Bogotá», advirtió el funcionario de Pinto que desde hace dos sesiones de audiencia, cuando salió con exusa de una cita médica, no se hace presente.
Este nuevo proceso que enfrenta la exgobernadora de La Guajira es por los posibles delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, celebración de contratos sin los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento pública y falsedad en documento privado.
En la misma determinación, el juez reprochó que se utilizaran los recursos de los guajiros como plataformas políticas y además pidió al Consejo Superior de la Judicatura, investigar el comportamiento que durante la diligencia judicial tuvo el abogado Antonio Luis González, defensor de la exmandataria departamental.
