La condena contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, por el presunto homicidio de un concejal volvió al centro del debate jurídico luego de…
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La condena contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, por el presunto homicidio de un concejal volvió al centro del debate jurídico luego de que la Corte Suprema de Justicia admitiera una acción de tutela relacionada con el proceso, que lleva cerca de 13 años.
En entrevista con Cardenal Stereo, el abogado defensor, Juan Felipe Criollo Figueroa, expuso los argumentos que sustentan la solicitud y cuestionó la valoración probatoria que llevó a la condena. Según afirmó, en el expediente no existirían pruebas directas ni indirectas que vinculen a su defendido con los hechos y aseguró que ninguno de los testigos lo señaló durante el proceso.
El jurista también cuestionó que se le atribuyera la condición de determinador del crimen sin que, según indicó, la Fiscalía hubiera logrado identificar a los autores materiales. A su juicio, la decisión judicial habría recurrido a señalamientos y comentarios sin suficiente respaldo probatorio.
Criollo sostuvo que en este caso podría configurarse lo que jurídicamente se conoce como «derecho penal de autor», al considerar que su defendido habría sido juzgado por quién es y no por las conductas que efectivamente se lograron demostrar. En ese sentido, insistió en que su pretensión no es desconocer los derechos de las víctimas ni confrontar a la administración de justicia, sino obtener una revisión que garantice el debido proceso y la presunción de inocencia.
Otro de los aspectos abordados fue la posible prescripción de algunas conductas. El abogado recordó que el Tribunal de Bogotá había absuelto a Gómez Cerchar y declarado la prescripción de ciertos delitos, pero posteriormente la Corte Suprema modificó ese criterio al resolver el recurso de casación.
Sobre lo que viene en el trámite, explicó que la tutela será examinada por una sala diferente a la que profirió la condena. La decisión podrá ser impugnada y también existe la posibilidad de que el asunto llegue a revisión de la Corte Constitucional.
Finalmente, aclaró que la admisión de la tutela no significa que la condena haya sido revocada ni que exista una decisión favorable para su defendido. Por ahora, la defensa espera que la Corte examine detalladamente los argumentos relacionados con las pruebas y las presuntas vulneraciones de garantías fundamentales.
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