A diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, la violencia armada continúa representando uno de…
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A diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, la violencia armada continúa representando uno de los principales desafíos para la seguridad de los territorios. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en su informe ’10 años del Acuerdo de Paz: un compromiso constitucional con las víctimas y los territorios’, en el que señala que el 36 % de los municipios del país mantiene alertas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales.
El documento revela que cinco estructuras disidentes de las Farc tienen presencia en 372 de los 1.103 municipios de Colombia, mientras que el Clan del Golfo opera en 468 localidades. La entidad calificó el panorama como preocupante y señaló que la persistencia del conflicto continúa afectando a las comunidades mediante amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, confinamientos y ataques contra líderes sociales.
Entre las cifras más alarmantes, la Defensoría reportó que desde la firma del acuerdo, el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinados 521 excombatientes. Asimismo, entre enero de 2016 y junio de 2026 se registraron 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. El impacto humanitario también ha aumentado considerablemente: las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 12.841 en 2017 a 107.924 en 2025, mientras que las afectadas por confinamientos aumentaron de 18.603 a 128.825 durante el mismo periodo.
En cuanto a la reincorporación, el informe indica que 10.943 personas continúan vinculadas a este proceso, equivalentes al 76 % de quienes fueron acreditados como integrantes de las Farc durante la desmovilización. Entre los avances se destacan cerca de 7.000 firmantes que culminaron el bachillerato, el 99 % afiliado al sistema de salud y la implementación de 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos, además de iniciativas en educación, acceso a tierras y participación comunitaria.
Sin embargo, la seguridad de los firmantes sigue siendo una de las mayores preocupaciones. La Defensoría también advirtió que el 86 % de ellos reside fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, situación que dificulta la prestación de servicios y el acceso a medidas de protección. Por ello, hizo un llamado al Gobierno nacional para garantizar la continuidad del proceso hasta 2031, con financiación, coordinación institucional y compromisos verificables que permitan mantener los avances, independientemente de los cambios de administración.
