El próximo 6 de junio de este 2024, se cumplirá 6 años de haberse comunicado oficialmente por parte de la Corte Constitucional, los términos de la Sentencia T-302, a los miembros del Tribunal Superior del Distrito de Riohacha, con la cual se acató una tutela, que ha permitido entregar herramientas jurídicas, para frenar la crisis humanitaria que vive la población wayuú, que habita el desierto más grande de Colombia, ubicado en el extremo norte de la península de La Guajira.
La sentencia sorprendió a todos. Pocos alcanzaban a entender que significado y los efectos que tendría el fallo. Los magistrados declararon el Estado de cosas Inconstitucional, frente a los derechos fundamentales tales como el agua potable, buena salud y alimentación oportuna, que evitara la muerte de cientos de menores de edad.
Todo se fundamentó en un minucioso documento elaborado por expertos en la materia, quienes denunciaron que por lo menos 4.500 niños habían fallecido de física hambre. Se ponía de manifiesto ante el Estado colombiano la gravedad de un problema social que apenas comenzaba a reventar en La Guajira.
El retorno de indígenas que habían migrado a Venezuela, los efectos de la apertura económica de 1.991, que obligó a cerrar parte del comercio de Maicao, la caída de las actividades de los puertos de Bahía Portete, sumados a los primeros efectos que comenzaban a vislumbrarse de la crisis política y financiera del vecino país, se convirtieron en los detonantes de una crisis humanitaria, que cada día cobra víctimas por hambre.
Los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, comenzaron a hacer anuncios sin tener estudios reales. Solo ‘pañitos de agua tibia’, se han aplicado para secar las lágrimas que por hambre derraman los wayuú y que se ha trasladado al resto de habitantes de la península.
A la gente se le ha engañado con informes maquillados. Se ha querido dejar la responsabilidad a La Guajira como ente territorial y sus municipios, desconociendo la brecha social histórica que arrastra esta región desde las épocas de la Comisaría e Intendencia.
De programas como ‘Guajira Azul’, solo quedaron huellas de fracaso, sin resultados sostenibles. El último gran intento fue la avalancha de camiones adquiridos por cifras exorbitantes, los cuales están amontonados en patios militares sin cumplir ninguna misión. Tampoco hubo estudios.
La CC, a través de su presidente, José Fernando Reyes, acaba de abrir una ventana para decretar el incidente de desacato, en donde tendrían que rendir cuentas, todos los gobernantes que han actuado desde el 2018, hasta hoy.
“La Corte se está tomando en serio estas situaciones, tanto del hacinamiento en los centros de detención transitoria, como la situación con los niños en La Guajira”, expresó el magistrado, asegurando de paso que “no es posible que los niños en La Guajira se sigan muriendo de física hambre”.