Colombia vive su peor revuelo diplomático de los últimos tiempos, quizás comparado con la pérdida de Panamá. Hoy el panorama es crítico. Es la primera vez que un presidente de este país, es clasificado en la lista de los peores narcotraficantes del universo, al ser incluido en la famosa Lista Clinton, que maneja en los EE.UU. el Department of the Treasury.
El pasado 24 de octubre, cuando los colombianos iniciaban la celebración del santo patrono, San Rafael Arcángel, consagrado a la medicina, las sanaciones y la prosperidad, el Gobierno de Donald Trump, determinó incluir al presidente Gustavo Petro Urrego, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior Armando Benedetti, en la lista de Nacionales Especialmente Designados –SDN- por presuntas violaciones vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos.
Todo se encuentra fundamentado en las acusaciones y señalamientos de la Ofac, que advierte un disparo en la producción de cocaína en el mandato de Petro, conocido como el ‘Gobierno de la paz total’, en donde se han otorgado beneficios a organizaciones narcoterrorista, como reza en apartes del documento.
Las implicaciones cuando una persona, organización o país aparecen en esta lista, son múltiples, en donde se impide llevar a cabo transacciones con ciudadanos o entidades en los EE.UU., todos sus bienes en ese país pueden ser bloqueados, mientras que a las empresas estadounidenses se les prohíbe realizar cualquier tipo de transacción con los involucrados en este listado.
En Colombia, los bancos y entidades financieras advierten que, aunque no necesariamente se bloquean cuentas inmediatamente, sí se activa un riguroso control y las entidades podrían verse obligadas a restringir operaciones con los sancionados.
De hecho, si un jefe de Estado aparece en esa lista abre una crisis diplomática, comercial y de inversión, y pone en el filo de la navaja a quienes han sido sus socios, como es el caso de los Estados Unidos, Europa, el resto de América y parte de Asia.
Las consecuencias para Colombia, se comenzarán a sentir con rigor a finales de este año. Un fuerte impacto diplomático y de relaciones exteriores que genera un aumento de tensión con los EE.UU., un socio estratégico tradicional de Colombia. Esto puede afectar cooperación en seguridad, cooperación antidrogas, comercio, e incluso flujos de inversión. La Cancillería ya manifestó su preocupación por la afectación de la soberanía.
Esta ruptura podría aislar a Colombia en ciertos foros internacionales, erosionar su posición de interlocución en materia de drogas, paz y conflictos, y generar un ambiente de incertidumbre.
Una ‘muerte civil’ tanto para Petro como para su entorno, ya que los activos y relaciones financieras quedan severamente comprometidos.