Nada más triste para una comunidad que sus líderes sociales y periodistas sean objeto de amenazas, sin tener la certeza de su procedencia con el único objeto de silenciarlos por miedo.
Panfletos, mensajes de textos y voz, sufragios y coronas, son los elementos que se siguen utilizando para amenazar a quienes de una u otra forma, muestran un rol importante en sus comunidades.
La situación debe ser objeto de un cuidadoso análisis por parte de las autoridades, para que se logre esclarecer el origen de los mensajes intimidantes, pero especialmente para que se garantice la vida a los amenazados y no dejarlos en un riesgo innecesario.
Cualquier tipo de amenaza en el contexto en que se muestre, debe generar preocupación en las autoridades, para preservar la integridad de quienes defienden los intereses de la comunidad o de aquellos que deciden aspirar a ser elegidos popularmente, ya sea para la Gobernación, alcaldías, Asamblea, concejos y Juntas Administradoras Locales. La ruta de protección se debe activar para brindar tranquilidad a ese grupo de personas que hoy ven seriamente amenazada su integridad.
Un llamado especial a la Defensoría del Pueblo para que no deje solo a los amenazados y alerte de la situación a los organismos del Estado, pero también al Comando de Policía para que desde lo de su competencia brinde protección a este grupo de personas a quienes el diario vivir les cambia de manera drástica.
Corresponde también al recién posesionado gobernador encargado Wilbert Hernández Sierra, su liderazgo para que logre desde el nivel central el debido interés a un tema que es altamente delicado y preocupante.
No se puede permitir que los violentos sigan haciendo de las suyas, ahora multiplicando las amenazas a quienes ejercen algún tipo de liderazgo, en un departamento con múltiples problemas sociales producto de su crisis económica y social.