Vuelve y juega, el nombre La Guajira, ocupando los titulares nacionales. Las noticias por corrupción nublan las gestas de Luis Díaz, el mejor jugador de la selección Colombia en el mundial. Los medios nacionales están detrás, del nuevo destape del robo de los dineros para construcción de jagüeyes, ollas comunitarias, obras para abastecimiento de agua.
Durante años, esta tierra ha sido presentada ante el país como un territorio necesitado de atención urgente, de inversión social y de soluciones reales para enfrentar problemas históricos como el hambre, la falta de agua potable y la pobreza extrema.
Hoy las investigaciones relacionadas con el escándalo de la Ungrd dejan al descubierto una realidad dolorosa: buena parte de los recursos destinados a aliviar esas necesidades terminaron convertidos en un gigantesco entramado de corrupción.
Lo más indignante es que detrás de las cifras y los contratos aparecen rostros humanos. Son los niños wayuú que siguieron acostándose con hambre mientras se hablaba de programas alimentarios que nunca funcionaron. Son las comunidades que continuaron esperando el agua prometida, mientras multimillonarios contratos se ejecutaban sobre el papel, pero no en el territorio. Son los jagüeyes que debían convertirse en una esperanza para cientos de familias y que, según las denuncias e investigaciones, terminaron construidos en predios particulares o simplemente nunca fueron terminados.
El caso de los más de 1.400 jagüeyes contratados constituye uno de los símbolos más dolorosos de este presunto saqueo. Si las cifras conocidas son ciertas y apenas una pequeña parte de esas obras llegó a ejecutarse, estaríamos frente a uno de los mayores atentados contra la dignidad de los guajiros.
La situación judicial de la senadora Marta Peralta ha concentrado gran parte de la atención pública. Como corresponde en un Estado de Derecho, serán los jueces quienes determinen responsabilidades individuales. Pero el debate no puede reducirse a un solo nombre. La pregunta que hoy recorre los municipios, corregimientos y rancherías de La Guajira es mucho más amplia: ¿quiénes más participaron?, ¿quiénes facilitaron, promovieron o se beneficiaron de estas decisiones?, ¿qué papel desempeñaron otros dirigentes políticos, contratistas e intermediarios cuyos nombres comienzan a aparecer en las investigaciones?
La Guajira merece conocer toda la verdad. No una verdad parcial ni selectiva, sino completa. La justicia tiene la obligación de llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar el cargo, la influencia política o la cercanía con los centros de poder. Porque cuando se roba el dinero destinado a los niños, al agua y a la supervivencia de las comunidades más vulnerables, no se comete únicamente un delito contra el Estado: se traiciona la confianza de todo un pueblo.
Los guajiros han esperado demasiado tiempo. Hoy no reclaman discursos. Reclaman justicia, transparencia y castigos ejemplares.
