El reciente y cinematográfico asalto a un vehículo de transporte de valores en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha ha sacudido la tranquilidad de la capital de La Guajira y ha puesto sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿Se trató únicamente de un robo al dinero que iba a ser transportado, o más bien, fue un asalto a la principal terminal aérea del departamento?
Los hechos que ya son noticia nacional, no solo generan asombro por su audacia, sino también por el escenario en que ocurrió, especialmente porque fue en la pista del aeropuerto. Como es natural en estos casos, la sociedad comienza a hacerse preguntas, a exigir respuestas, y en medio del desconcierto, las culpas empiezan a señalarse en todas direcciones —a veces incluso hacia quienes no tienen responsabilidad directa.
Es cierto que el dinero robado estaba bajo la custodia de una empresa privada de transporte de valores, sin embargo, esto no exime la necesidad de revisar los protocolos que permiten que grandes sumas de dinero sean movilizadas a través de vuelos comerciales. ¿Es esto una práctica habitual? ¿Está debidamente regulada? ¿Qué nivel de riesgo se impone, sin saberlo, a los pasajeros que comparten esos vuelos?
También cabe preguntarse: ¿Sería diferente si el traslado se hiciera mediante vuelos chárter? ¿Habría cambiado algo el desenlace si el avión no tuviera pasajeros? La respuesta no es sencilla, pero el hecho es claro: el delito se cometió dentro de las instalaciones del aeropuerto, en una zona que —en teoría— debería contar con controles estrictos de seguridad.
Lo ocurrido obliga a una revisión profunda, no solo de la actuación de la empresa de valores, sino también de las autoridades aeroportuarias y de seguridad. ¿Cómo fue posible que un grupo armado lograra ingresar y ejecutar un robo de esta magnitud sin ser detectado a tiempo?
La ciudadanía exige claridad, no rumores. Exige acciones concretas, no simples comunicados. Porque más allá del dinero perdido, lo que está en juego es la percepción de seguridad en uno de los puntos neurálgicos de entrada y salida de la región.
Lo que ocurrió en el Almirante Padilla debe servir como punto de inflexión para revisar, reforzar y replantear los mecanismos de seguridad en los aeropuertos del país, en especial en aquellos que, como el de Riohacha, son vitales para el desarrollo y la conexión de regiones apartadas.
La confianza ciudadana no puede abordarse como un valor secundario. En La Guajira, el aeropuerto debe seguir siendo una puerta abierta al progreso, no un escena para el crimen.
