El magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Iván Escruceria, expresó en la sesión de seguimiento a la Sentencia T 302 de 2017, que el derecho a la información no se reduce a la recolección y divulgación de datos. Su garantía exige estrategias que permitan a las comunidades acceder a información clara.
El magistrado va más allá y precisa que esa información debe ser adaptada a sus dinámicas culturales, lo que está íntimamente relacionada con el principio de publicidad.
Así mismo que permita emplearla para la toma de decisiones autónomas y participativas.
Al tiempo advierte que la información debe fluir en doble vía: no solo desde el Estado hacia las comunidades, sino también desde estas hacia aquel para incidir en las políticas que afectan su bienestar.
El llamado de la Corte Constitucional es perentorio, a las comunidades wayuú, se les debe garantizar el acceso a la información de manera oportuna y clara es decir sin ningún tipo de dilaciones lo que les ayudará a la toma de decisiones.
Para ello es necesario entonces que se cumpla con ese diálogo genuino, que se ha planteado en varias oportunidades por parte de la Corte Constitucional.
Es importante recordar, que la Corte ordenó que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para constituir un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional constatado en La Guajira.
La Corte adoptó varios objetivos constitucionales mínimos, los cuales deberán ser cumplidos por medio de las acciones que establezcan las entidades públicas en el marco del Mecanismo Especial, y cuyas metas serán medidas de acuerdo con los indicadores que se establezcan en el marco del Mecanismo Especial.
De esos objetivos constitucionales mínimos, se destaca garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu, que es precisamente a lo que los magistrados le hacen seguimiento en la audiencia que se realizó durante dos días en la ciudad de Riohacha.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, fue más allá e hizo un llamado urgente a fortalecer el diálogo entre las autoridades estatales y comunidades indígenas para abordar la proliferación ilegítima de autoridades y comunidades.
